Gobierno se pronuncia sobre la suspensión de la Ley de Garantías

La Corte Constitucional está a punto de pronunciarse sobre la modificación a la Ley de Garantías electorales que se aprobó en el Congreso en la ley de presupuesto.

El pronunciamiento se dará a raíz del estudio de una demanda que señala que esa modificación suspende los efectos de la ley que prohíbe celebrar convenios interadministrativos con entidades del Estado, por lo que según algunos demandantes aumenta la corrupción.

Frente a eso, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia, en un concepto conjunto, le dijeron a la Corte que “lo que debe primar es la buena fe” y que, si hay corrupción, esas conductas se deben investigar.

“Si eventualmente la norma se aprovecha para corromper la igualdad electoral o la normatividad que regula la participación en política de los servidores públicos se deberá aplicar las sanciones fiscales disciplinarias y penales que haya lugar”, señala el documento.

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En ese concepto, también aseguraron que esa modificación a la ley de garantías no afecta la prohibición de celebrar convenios interadministrativos a meses de las elecciones, ni la igualdad electoral pues dicen que la ley tiene otros mecanismos para garantizarla como la financiación estatal, la regulación de esa financiación, y el acceso a medios de comunicación.

“Permitir la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar incluso cuatro meses antes de las elecciones programas y proyectos al presupuesto general no altera el aprovechamiento en igualdad de condiciones de los recursos ofrecidos por el Estado para la realización de la democracia. No obstruye la expresión de la voluntad popular”, señala el documento.

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La Sala Plena de la Corte ya estudia la ponencia que presentó la magistrada Diana Fajardo, que podría tumbar esa modificación.

En ese sentido, la ponencia acoge los argumentos de la demanda que presentaron un grupo de congresistas entre ellos Roy Barreras, Luis Fernando Velasco y Antonio Sanguino.

La Procuraduría también envió un concepto que pide tumbar esa modificación bajo el argumento de que viola la Constitución política y el principio de frenos y contrapesos.