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Luego de la polémica que se generó por cuenta de la radicación de la nueva consulta popular, que fue firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con funciones delegatarias y no por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno decidió volver a presentar la iniciativa, esta vez con la firma del propio jefe de Estado y de todos sus ministros.
La nueva consulta contiene las mismas 16 preguntas que se habían presentado la semana pasada, 12 de ellas relacionadas con los derechos laborales y las cuatro adicionales sobre la reforma a la salud.
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La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General del Senado sobre las 5:00 de la tarde de este lunes 26 de mayo, cuando la opinión pública estaba al tanto de lo que ocurría en la Comisión Cuarta de esa corporación, con la radicación de la ponencia mayoritaria de la reforma laboral.
Algunos sectores políticos afirman que esto quiere decir que el Gobierno aceptó que cometió un error al presentar la solicitud con la firma del ministro Jaramillo, que aunque tenía funciones delegatarias por la ausencia de Petro, al parecer carecía de competencia legal para adelantar este proceso.
Para muchos, la nueva consulta popular estaba viciada y de ser tramitada, se hubiera podido caer en una eventual revisión constitucional, por lo que el Gobierno prefirió presentarla nuevamente con la firma el presidente Petro.
La representante Katherine Miranda reaccionó a la radicación de la nueva consulta diciendo: “Por tramposos y radicar la consulta sin los requisitos que establece la ley, tuvieron que volver a radicar ahora con la firma de Petro. ¿El lío? Se puede quedar la discusión para después del 20 de julio, los tiempos son de 1 mes y el congreso sale a receso del 20 de junio”, indicó.
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Por su parte, el representante Andrés Forero afirmó que el ministro Jaramillo “no tenía delegación para radicar la nueva consulta popular e incurrió en abuso de función pública y por eso el presidente tuvo que radicarla nuevamente”. Forero tildó de “chambón” al ministro de Salud por haberse tomado estas atribuciones.
Esto podría correr el plazo inicial de 20 días que tiene el Senado para pronunciarse sobre la consulta popular, aunque todavía podría hacerlo antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura ordinaria.
