La FM en Google News
El exsecretario de Integración Social de Bogotá, Jorge Rojas, aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque le propuso a la Comisión de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos), una indemnización económica a Gustavo Petro para evitar que su caso llegara a la CorteIDH.
Jorge Rojas manifestó que "antes de que el caso saliera de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo una audiencia de conciliación en Washington para ver si el Estado colombiano y Gustavo Petro llegaban a una conciliación, para que no pasara el proceso a la Corte y el gobierno Duque propuso un acuerdo en términos económicos".
Le puede interesar: Masacres en Samaniego y Cali: Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso
El exfuncionario recordó que en este momento "el tema económico es intrascendente, ya lo que hay es una jurisdicción de la Corte sobre la Constitución colombiana y una doctrina que preserva la democracia", mientras agregó que desconoce cuánto dinero se le hubiera podido pagar al exalcalde si hubiera aceptado este acuerdo.
"Lo que si sé es que no era un interés económico lo que movía a Gustavo Petro en su acción ante el sistema interamericano de Derechos Humanos y estos 28 mil dólares que deberán pagarle (el Estado) tampoco los podrá recibir porque sigue embargado, a pesar de los pronunciamientos de la Corte, la Fiscalía y el Consejo de Estado, en tanto que él no recibe parte de su sueldo en el Congreso".
Vea aquí: Acuerdos de paz, blindados durante sesiones virtuales
Indicó en RCN Radio que lo que llama la atención de esta decisión, "es que debe ser vencido a juicio un funcionario de elección popular para que no se lesionen sus derechos políticos, entonces es una responsabilidad de la Fiscalía. Acuérdense que había un fiscal anticorrupción y creo que esto nos debe llamar la atención para mirar la capacidad que tiene el Estado para investigar funcionarios políticos".
Cabe mencionar que en su decisión, el organismo internacional determinó que en dicha sanción se presentó una violación a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en contra del dirigente político.
