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Luego de una larga jornada de trabajo, la plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley de Sometimiento, que contiene los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional para la desarticulación de las estructuras criminales de alto impacto.
La norma contempla la plena desarticulación de la denominada política de ‘paz total’, pero si establece algunos beneficios para los integrantes de las organizaciones armadas que decidan entregarse a la justicia.
El proyecto contempla un tratamiento penal diferenciado que incluye reducción de las penas de hasta el 50% para los miembros rasos de estas estructuras y de máximo el 30% para quienes hayan tenido mando dentro de las mismas.
Los reclutadores de menores de edad no obtendrán mayores beneficios con esta ley de sometiendo, ya que una eventual rebaja de penas no podría ser superior al 10% y tendrían que pagar una condena mínima de 10 años de cárcel.
De otro lado, contempla que los testaferros, o llamados terceros, tendrán que pagar una pena mínima de 6 años, bajo la condición de que entreguen todos los bienes ilegales que se encuentren en su poder.
Se acaba la negociación del Estado con grupos armados y se establece que no habrá ningún tipo de otorgamiento de estatus político a estas organizaciones.
Además, se deja claro que bajo ninguna circunstancia se podrá conceder la suspensión de las órdenes de captura o las órdenes de extradición para los miembros de las organizaciones que estén en proceso de desmovilización.
Con la prórroga de esta ley 418, que es la de Orden Público, también se salvan algunos programas que tiene la Fiscalía como el de protección de testigos y se le da continuidad al Fonsecom, que es el fondo de seguridad del Ministerio del Interior.
Precisamente, uno de los artículos que se cayó, es el que permitía la contratación reservada en dicho fondo para temas de seguridad nacional.
En desarrollo....
