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Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022 con una agenda centrada en el cambio climático y la protección del medio ambiente. Durante su campaña, planteó dos compromisos clave: una transición energética que permitiera al país alejarse de los combustibles fósiles y una política ambiental orientada a la conservación del agua y los ecosistemas.
A tres años de iniciado su mandato, estas promesas muestran avances concretos, pero también dificultades que han limitado su cumplimiento total.
Una de las decisiones más significativas fue la de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, junto con el rechazo al fracking y la minería a cielo abierto. Esta política fue planteada como el primer paso hacia una economía descarbonizada. Sin embargo, Ecopetrol ha mantenido operaciones en hidrocarburos, tanto en Colombia como en el exterior.
En particular, continúa su presencia en la cuenca Pérmica, en Estados Unidos, aunque en febrero de 2025 el presidente solicitó la venta de estas operaciones con el objetivo de financiar la expansión de proyectos de energía limpia.
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En cuanto a energías renovables, el gobierno ha impulsado 25 proyectos con licencias aprobadas, de un total de 43 previstos, que sumarían 5,6 gigavatios de capacidad instalada. En 2024 se ejecutaron 66 proyectos solares que generaron cerca de 2 gigavatios adicionales, con una inversión estimada en 2.200 millones de dólares.
No obstante, el peso de las energías no convencionales en la matriz energética nacional aún es bajo. Para agosto de 2025, estas fuentes representan solo el 6,1 % de la matriz, lejos del 12 % proyectado al inicio del periodo de gobierno.
Una de las acciones destacadas fue la adquisición por parte de Ecopetrol del proyecto eólico Windpeshi, en La Guajira, por 50 millones de dólares. Este parque, que tendría una capacidad de 205 megavatios, busca entrar en operación en 2028.
A pesar de su potencial, enfrenta retrasos por conflictos con comunidades indígenas, lo que refleja las dificultades sociales asociadas a este tipo de infraestructuras. Por otro lado, decisiones como la importación de gas natural licuado desde países como Qatar han sido cuestionadas por considerarse incompatibles con los objetivos de transición energética.
En materia de conservación, el gobierno reportó una disminución histórica en la deforestación durante el año 2023. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en parte durante el primer semestre de 2024. Se destacan avances en la protección de zonas estratégicas como el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde se resguardaron más de 180.000 hectáreas, contribuyendo al abastecimiento de agua para más de tres millones de personas.
Estas medidas se inscriben en el compromiso de ordenar el territorio en torno al agua, como se planteó en campaña.
En restauración de ecosistemas, el Ministerio de Ambiente alcanzó un 9 % de la meta de recuperación de 1,7 millones de hectáreas. Además, se avanzó en acuerdos comunitarios para la gestión del agua, con un cumplimiento del 69 %, y en proyectos urbanos ambientales en municipios de menos de 50.000 habitantes, con un 70 % de avance.
A estos esfuerzos se suman la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que ha movilizado más de 3 billones de pesos en inversiones ambientales, y el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la implementación del Acuerdo de Escazú y medidas de protección para defensores ambientales.
En paralelo, se lanzó el movimiento internacional 'Paz con la Naturaleza', orientado a posicionar la crisis climática como prioridad global. En términos de infraestructura hídrica, el gobierno anunció un plan en Santa Marta que incluye la construcción de plantas desalinizadoras alimentadas con energía solar, con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable a largo plazo. Sin embargo, la región central del país enfrenta una situación crítica.
En Bogotá, la crisis hídrica continúa debido a los bajos niveles de los embalses del sistema Chingaza, lo que ha llevado a racionamientos que se extendieron hasta abril de 2025, sin una solución definitiva.
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A tres años del inicio del gobierno, el balance ambiental muestra avances relevantes en la implementación de energías renovables, restauración ecológica y gobernanza participativa. No obstante, el cumplimiento total de las promesas enfrenta limitaciones estructurales, tensiones sociales, dificultades técnicas y un contexto económico que ha exigido decisiones complejas.
Con un año restante de gestión, los compromisos ambientales siguen siendo parte central de la agenda del gobierno, pero su ejecución completa dependerá del ritmo que se logre mantener en los próximos meses.
