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El secretario general del Senado, Diego González, recibió de manos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el documento con las 12 preguntas de la consulta popular que piensa convocar el Gobierno, tras el hundimiento de la reforma laboral.
Tras cumplirse con este proceso, el Congreso tendrá máximo 30 días para estudiar la solicitud y la justificación de la misma, y antes de ese tiempo deberá pronunciarse sobre la iniciativa y decidir si emite o no un concepto favorable para que los ciudadanos sean convocados a las urnas.
“El pueblo le ordena al Senado aprobar la consulta y sirvo de mensajero como presidente de la República. Tienen un mes”, fue el mensaje que envió el mandatario en su discurso en la Plaza de Bolívar en Bogotá, durante las movilizaciones por el Día del Trabajo.
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También dijo que si los congresistas no aprueban la convocatoria a las urnas, “el pueblo se levanta y los revoca” y volvió a arremeter contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda y contra los legisladores que votaron negativamente la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.
Ya dentro del Salón de la Constitución, el jefe de Estado solicitó formalmente a los congresistas apoyar la convocatoria a las urnas por el bien de la democracia.
“El Senado tiene derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta (…) Ojalá por el bien de Colombia, de las instituciones, el presidente no solo deja las preguntas de la consulta, sino que le solicita al Senado de la República permitir que el pueblo se exprese”, fue el mensaje que le dejó a los parlamentarios.
Estas son las 12 preguntas radicadas en el Congreso por el presidente Petro:
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 134 de 1994, el texto que se someterá a decisión del pueblo colombiano será:
2. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?
3. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?
4. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?
5. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
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Como lo había anticipado el ministro del Interior, Armando Benedetti, en las preguntas se incluyeron algunos cambios pequeños de redacción, pero sí hay una modificación sustancial en la pregunta 7, relacionada con el pago de seguridad social a los trabajadores de las plataformas de transporte, como Uber y Didi, entre otras.
A su turno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió a este cambio diciendo que “las plataformas de reparto también incluyen servicios de transporte y quisimos ser más precisos y por eso el mensaje que queremos dar es preguntarle a los colombianos es si quieren que esas personas que trabajan en desprotección total, que nos prestan un servicio con los domicilios a nuestras casas y oficinas, cuenten con un contrato laboral acordado con el empleador y tengan garantizada seguridad y protección en riesgos laborales”.
De resto y a simple vista, se plantean algunos ajustes en la redacción del texto de las preguntas, relacionados con los beneficios de acceso a créditos por parte de las pequeñas empresas, las horas que deben laborarse de manera diurna y los contratos laborales para los aprendices del Sena.
El Senado de la República tendrá máximo 30 días para determinar si emite o no un concepto de favorabilidad sobre las preguntas presentadas por el Gobierno para esta consulta.
