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El Gobierno Nacional defendió el decreto sobre el sistema de salud que firmó el presidente Gustavo Petro y negó que este sustituya el proyecto de reforma que se discute actualmente en el Congreso de la República.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el decreto no modifica el eje central de la reforma que el Congreso discutirá en tercer debate durante la presente legislatura.
También rechazó que la medida ejerciera presión sobre el Legislativo, luego de que la Comisión Séptima del Senado, encargada de estudiar el proyecto, quedara bajo la presidencia del senador liberal Miguel Ángel Pinto.
“El decreto no alteró en nada el contenido de lo que se discute en el Congreso. Además, su aplicación quedó condicionada a la concertación con alcaldes y EPS, y se implementaría en seis meses. Eso demuestra que no hay ninguna presión”, afirmó Benedetti.
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El ministro destacó que Pinto expresó su disposición para avanzar en el debate de la reforma y valoró su liderazgo como una oportunidad para abrir una nueva etapa de diálogo y concertación sobre el sistema de salud.
El funcionario indicó que recibió más de 1.200 comentarios durante la fase de observaciones al decreto y señaló que el objetivo principal es mejorar la organización territorial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Anunció que en los próximos días publicará resoluciones que detallarán el procedimiento para implementar los cambios, los cuales, aseguró, forman parte de un proceso gradual.
Benedetti le envió un mensaje a los voceros de ACEMI tras las críticas al ‘decretazo’ de salud: “Hay que decirles que dejen la pelea que vienen cazando desde hace semanas y que están anclados en el pasado. Que se pongan en la nueva era”.
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Cabe mencionar que el presidente Petro también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde sostuvo que las EPS deben transformarse para mantenerse a flote. Según explicó, su sostenibilidad dependerá de que asuman un rol distinto.
“Si las EPS se convierten en gestoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan. Pero si siguen funcionando como aseguradoras financieras, se quiebran. Sus deudas ya superan sus activos, incluidas las reservas técnicas que perdieron”, escribió el mandatario.
El decreto generó reacciones encontradas entre sectores políticos y actores del sistema de salud, quienes advirtieron que su implementación debe respetar el trámite legislativo.
