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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1261 de 2026 que establece la emergencia económica para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 10 de agosto del año en curso, garantizar los recursos necesarios para atender a las comunidades afectadas y avanzar en la reconstrucción de las regiones golpeadas.
La medida regirá por 30 días y aplicará para Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Nariño y Sucre, departamentos en los que se registraron colapsos estructurales que dejaron víctimas, heridos y graves daños.
La decisión fue formalizada durante el Consejo de Ministros que se adelantó en el Palacio de San Carlos. El mandatario explicó que esta medida busca generar el espacio fiscal necesario para responder a una tragedia que, según dijo, requiere una reacción excepcional del Estado.
Medidas que plantea el decreto
Entre las principales medidas que aborda esta norma se incluyen subsidios para proteger el empleo: se plantea crear un mecanismo temporal para ayudar a empresas afectadas a cubrir parte de los salarios y aportes de sus trabajadores, con el fin de evitar suspensiones o terminaciones de contratos. También se anuncia una transferencia económica extraordinaria para trabajadores independientes damnificados.
Se anuncia una habilitación extraordinaria y temporal para que la SAE pueda aprobar directamente la enajenación temprana de determinadas categorías de activos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), con el objetivo de monetizarlos rápidamente y destinar los recursos, de manera exclusiva y trazable, a la atención del desastre.
También se ordena ampliar obras por impuestos, por lo que el Gobierno anuncia medidas para extender este mecanismo a los territorios afectados por el terremoto, abrir condiciones especiales para la reconstrucción y movilizar recursos y capacidad del sector privado.
Contempla el decreto que se emitan las resoluciones que sean necesarias para implementar el plan de reconstrucción que se estima tendrá un costo de 30 billones de pesos.
Igualmente se habilitan acciones para restablecer la energía, para lo que se movilizarán plantas eléctricas, grupos electrógenos y equipos hacia las zonas afectadas, recuperar la infraestructura de generación y redes, especialmente en las Zonas No Interconectadas, y conseguir fuentes extraordinarias de financiación.
Simplificación de trámites y mayor capacidad estatal: se menciona la necesidad de flexibilizar y automatizar trámites relacionados con la atención de los damnificados, eliminar la exigencia de documentos que ya reposen en bases de datos del Estado, habilitar ventanillas únicas y adoptar medidas para reforzar temporalmente la capacidad administrativa de las entidades encargadas de responder a la emergencia.
El Gobierno sostiene que, ante la magnitud de la emergencia, los mecanismos ordinarios del presupuesto nacional no serían suficientes para cubrir todas las necesidades de atención y recuperación.
El Gobierno advierte sobre la difícil situación de las finanzas públicas
Uno de los principales argumentos expuestos por el presidente para justificar la emergencia económica es la situación fiscal del país.
De la Espriella aseguró que actualmente cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda pública, mientras que hace diez años la proporción era aproximadamente de uno de cada seis.
También señaló que la deuda bruta supera el 60 por ciento del Producto Interno Bruto y que el déficit fiscal continúa ejerciendo presión sobre las finanzas nacionales.
En este escenario, el Gobierno considera necesario contar con herramientas extraordinarias para conseguir y priorizar recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto.
Una medida enfocada en atención y reconstrucción
Con la formalización de la emergencia económica, el Gobierno busca pasar de la atención inmediata de la tragedia a una estrategia que permita garantizar recursos para la recuperación y reconstrucción.
La decisión se conoce mientras continúan las labores de asistencia humanitaria a las comunidades afectadas y las autoridades avanzan en la evaluación de los daños provocados por el terremoto.
El reto ahora será convertir las facultades extraordinarias anunciadas por el Gobierno en recursos efectivos para las víctimas, mientras se garantiza que el dinero destinado a la emergencia tenga controles y sea utilizado exclusivamente para responder a las consecuencias del desastre.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué se decretó la emergencia económica?
La medida busca conseguir y movilizar recursos de manera extraordinaria para atender a las víctimas del terremoto y financiar la reconstrucción de las regiones afectadas. El Gobierno argumenta que la situación fiscal actual limita el uso de los mecanismos ordinarios del presupuesto y hace necesaria una respuesta excepcional.
¿De dónde saldrán los recursos para atender la emergencia?
El Gobierno anunció que revisará y reducirá gastos de programas de la administración anterior que no sean considerados prioritarios y, además, buscará fuentes complementarias de financiación. El presidente aseguró que la prioridad será garantizar los recursos para los damnificados y la reconstrucción.
¿La emergencia económica afectará a los sectores más vulnerables?
El presidente aseguró que no. De la Espriella afirmó que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados y señaló que la prioridad será atender a las víctimas y recuperar las zonas afectadas por el terremoto.
¿Qué controles habrá sobre el dinero destinado a la emergencia?
El mandatario aseguró que las facultades extraordinarias no serán un cheque en blanco. Según explicó, cada peso movilizado deberá responder directamente a las necesidades derivadas del terremoto y será administrado con criterios de responsabilidad, transparencia y rigor. Además, aseguró que vigilará personalmente el uso de los recursos.
