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Una fuerte reacción política se ha dado este jueves 15 de enero de 2026, cuando un grupo de gobernadores departamentales anunció que no acatarán la aplicación de ciertas disposiciones contenidas en el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro.
La principal protesta se concentra en las medidas tributarias incluidas en el llamado Decreto 1474 de 2025, que fue emitido en el marco de la emergencia económica decretada por el ejecutivo. Estas modificaciones incorporan aumentos en impuestos como el IVA sobre bebidas alcohólicas y gravámenes sobre productos como cigarrillos, entre otros.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros en anunciar la decisión de su departamento de no aplicar las medidas tributarias del decreto, apoyándose en una figura jurídica conocida como excepción de inconstitucionalidad. Esta herramienta permite a las autoridades territoriales no implementar normas que estiman contrarias a la Constitución mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre su legalidad.
Rendón explicó que la decisión se basa en la convicción de que el decreto vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y representaría una carga desproporcionada para las finanzas regionales, con impactos en sectores claves como salud, educación y obras públicas.
Acción colectiva de los gobiernos regionales
La postura de Antioquia se ha sumado a una rebelión más amplia entre los mandatarios regionales. Hasta el momento, al menos 17 gobernadores de diferentes regiones del país coincidieron en no aplicar algunos artículos del decreto, especialmente los referidos al impuesto al consumo de licores y tabaco.
Estos gobernadores se reunieron bajo la coordinación de la Federación Nacional de Departamentos (FND) para evaluar y definir una posición conjunta frente a la medida. La intención de este grupo es presentar un documento jurídico que sustente la decisión de no aplicar el decreto en cada una de las regiones, según declaraciones de mandatarios como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro..
Implicaciones y proceso legal
Los gobiernos regionales que han anunciado su no aplicación del decreto se amparan en que existe ya un control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, instancia que debe decidir si las medidas adoptadas a través del decreto se ajustan a la Constitución.
Mientras la Corte analiza el decreto, las autoridades territoriales han insistido en que no implementarán las partes que consideran contrarias a la Constitución Política de Colombia, argumentando la necesidad de proteger la autonomía financiera de sus departamentos.
Este escenario ha generado un conflicto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, con llamados de una parte a la obediencia a las normas y advertencias desde el Ejecutivo, sobre todo del ministro del Interior Armando Benedetti, sobre posibles consecuencias legales por no acatarlas, y réplica de los mandatarios que sostienen que actúan dentro de las garantías establecidas por la Constitución.
