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El mismo día que desató revuelo en la política y la academia por pretender una inédita suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro, la representante Gloria Arizabaleta notificó la apertura de una indagación previa más contra el mandatario.
La congresista respondió a una denuncia de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, que pidió investigar supuestas irregularidades en la compra de la flotilla de aviones Gripen, de la sueca Saab, para sustituir los Kfir israelíes.
Fuentes de la Comisión de Acusación le indicaron a La FM que la presidenta Arizabaleta, elegida con el Pacto Histórico y ahora distanciada de la colectividad, firmó unos diez autos entre el 9 y el 10 de junio, y tiene pendiente suscribir veinte más.
Uno de ellos fue el de la mentada suspensión, que este miércoles tuvo que sustituir para añadir el trámite de consulta en el pleno de la célula legislativa, y otro fue el de la indagación previa por el caso de los Gripen, que marca el inicio de un proceso penal.
A diferencia del documento de la actuación disciplinaria, que busca la suspensión provisional del jefe de Estado por presunta participación indebida en política, el auto de sustanciación de la causa punitiva sí fue radicado en la secretaría a tiempo.
Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Investigación, le notificó a Pablo Bustos de la indagación y del inicio de la recopilación de pruebas. La representante Arizabaleta decretó escuchar bajo juramento al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Las dudas que busca despejar la indagación sobre los aviones Gripen
La denuncia alega que el Estado colombiano pagó por los aviones Gripen 213 millones de dólares, más que Tailandia, que en 2025 renovó su flotilla de cazas con Saab por 137 millones. Y que supuestamente no se siguieron las reglas de contratación.
Tampoco habría “claridad pública”, reseña la apertura de la indagación, de cuál sería la compensación que Colombia y Saab acordaron a favor del Hospital San Juan de Dios, que sería modernizado con tecnología sueca de última generación.
“Se desconocen las personas que sirvieron de intermediarios para la realización del contrato y si esto generó un costo adicional”, añadió el despacho de Arizabaleta al resumir la denuncia, que Bustos presentó en noviembre de 2025.
Casi un mes después de la radicación de la denuncia, el 3 de diciembre Arizabaleta se convirtió por reparto en la representante instructora. El auto señala que la sola manifestación de Bustos no es suficiente para una investigación formal.
Pero sí sirve para una indagación previa, para recopilar evidencia y, así, determinar si el presidente Gustavo Petro incurrió en alguna conducta punible. La Procuraduría y la Contraloría deberán dar cuenta de si adelantan procesos contra el mandatario.
Ni el Ministerio Público ni el ente de control fiscal tienen competencia sobre el jefe de Estado. En todo caso, en diciembre del año pasado el Ministerio de Defensa le rindió cuentas a ambas autoridades, que exigían saber detalles de la contratación.
Los antecedentes y respaldos técnicos de la compra de los cazas suecos
Ahora la cartera que dirige la fuerza pública debe remitirle a la Comisión de Acusación “toda la información y documentación” sobre la compra de los diecisiete aviones de combate que el presidente Petro anunció oficialmente el 14 de noviembre.
La Comisión le enviará un cuestionario al ministerio. La representante Arizabaleta, expareja del exsenador Roy Barreras —con quien fundó el movimiento La Fuerza de la Paz, del que pidió la escisión—, dio un plazo de ocho días para mandarlo.
Ya la Contraloría en enero, dos meses después de empezar un proceso de control fiscal, le dio un visto bueno a la adquisición de los Gripen. El ente de control apuntó que solo Saab, de Suecia, y Dassault, de Francia, entregaron información suficiente.
El análisis técnico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana contrastó las ofertas y le dio a la sueca el mayor puntaje, a partir de factores como un menor costo por hora de vuelo, la operación en pistas cortas y el precio del mantenimiento.
La opción era, además, la más económica para que Colombia sustituyera los Kfir tras 35 años de operación, si bien la oferta inicial era de diez billones de pesos, aproximadamente 2.500 euros, y se concretó en 3.135 millones.
Aunque el costo es similar a los competidores, como los F-16 estadounidenses y los Rafale franceses, el convenio con Saab incluye compensaciones industriales, sociales y militares de las que el Ministerio de Comercio ejecutará un 85%.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué nuevo proceso abrió la representante Gloria Arizabaleta contra Gustavo Petro?
La congresista inició una indagación previa para verificar si existen elementos que justifiquen una investigación formal sobre la compra de los aviones Gripen a la empresa sueca Saab. La actuación surge a partir de una denuncia presentada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
¿Qué posibles irregularidades busca esclarecer la Comisión de Acusación?
La denuncia plantea dudas sobre el costo de la adquisición de los cazas, los procedimientos contractuales utilizados, la identidad de posibles intermediarios y las compensaciones acordadas con Saab, incluyendo inversiones para el Hospital San Juan de Dios. La indagación busca determinar si existe una conducta punible.
¿Qué pruebas ordenó recaudar Gloria Arizabaleta?
La representante decretó la práctica de varias diligencias, entre ellas escuchar bajo juramento al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y solicitar al Ministerio de Defensa toda la documentación relacionada con la compra de los diecisiete Gripen. También pidió información a la Procuraduría y a la Contraloría sobre expedientes del caso.
¿Qué antecedentes respaldan la compra de los aviones Gripen?
El Gobierno ha sostenido que la oferta sueca obtuvo la mejor calificación técnica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana por factores como costos de operación, mantenimiento y capacidad operativa. Además, la Contraloría concluyó en una revisión preliminar que el proceso contaba con soporte técnico suficiente, y destacó que Saab presentó una de las propuestas más completas evaluadas por el Estado.
