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La plenaria de la Cámara de Representantes decretó un receso de hora y media en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2026, luego de que varios congresistas advirtieran que aún no se cuenta con el documento regionalizado que debe remitir el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El anexo que detalla la distribución de los recursos por departamentos, es clave para que los legisladores puedan evaluar el impacto territorial del gasto. Sin ese insumo, una parte de la Cámara se negó a continuar con el debate.
Debate trabado por el trámite
La discusión se da en un contexto complejo: el proyecto de Presupuesto que ya sufrió una reducción de 10 billones de pesos durante el primer debate, debe aprobarse antes del 20 de octubre para evitar que el Gobierno lo expida por decreto, como ocurrió en 2024.
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La controversia sobre el procedimiento ha paralizado temporalmente el avance del segundo debate, en el que se definirá el monto final y la distribución del gasto público para el próximo año.
Ponencia y diferencias mínimas
La coordinadora ponente, Olga Lucía Velásquez, explicó que las variaciones frente al primer debate son marginales. “En la primera ponencia la inversión estaba en 88,7 billones y en esta en 88,4, es decir, la diferencia son 360 mil millones de pesos”, señaló.
Velásquez hizo un llamado a la responsabilidad del Congreso para sacar adelante la ley, recordando que el trámite debe realizarse por vía legislativa y no administrativa.
Advirtió que un nuevo decreto presupuestal enviaría un mensaje de inestabilidad y afectaría la confianza del mercado. “Si esto sale por decreto, el mensaje sería que el Congreso no legisla. Y nosotros sí sabemos legislar, sí sabemos hacer la tarea”, dijo.
Críticas al nivel de gasto y endeudamiento
En el debate también hubo cuestionamientos al tamaño del presupuesto. El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, quien aseguró que el monto aprobado sigue siendo “inflado” y que el Gobierno podría recurrir a nuevos créditos por hasta 16 billones de pesos.
“Eso no es gratis, son préstamos con intereses altísimos que terminan cubriéndose con impuestos o con recursos que deberían ir a inversión social. El CARF ha dicho que el presupuesto está inflado en más de 40 billones y en lugar de hacer recortes, se están creando partidas llamativas como los 280 mil millones nuevos para el DAPRE, en plena ley de garantías”, manifestó.
Las plenarias de Senado y Cámara retoman la discusión en un escenario fiscal apretado, con un déficit elevado y una deuda pública en aumento. Allí se definirá no solo el monto total del gasto, sino también las prioridades del Gobierno frente a las restricciones económicas y las tensiones políticas que enfrenta.
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El ambiente está marcado por la votación de las Comisiones Económicas Conjuntas, donde fue derrotada la ponencia oficial de 557 billones de pesos y reemplazada por una propuesta alternativa de 546,9 billones, presentada por la representante Olga Lucía Velásquez.
