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El Gobierno Nacional teme que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro, afecte las competencias que tienen algunos organismos administrativos para ejercer sus funciones.
Según la sentencia, solo un juez penal puede destituir de su cargo a un funcionario que haya sido elegido con voto popular, lo que ha llevado a pensar que el Consejo de Estado pudo haber perdido la facultad para decretar la pérdida de investidura de los congresistas.
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Sin embargo, el presidente de ese alto tribunal, el magistrado Álvaro Namén, le dejó claro al Congreso de la República que esa facultad permanece intacta.
“En cuanto a la pérdida de investidura no se afecta un ápice y de ninguna manera puede verse interferida, limitada o menoscabada la institución de la pérdida de investidura con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la competencia del Consejo de Estado para decretarla”, afirmó.
Explicó que “en esa sentencia no se refirió a ese asunto y además nosotros somos jueces y lo hacemos en el marco de un proceso judicial respetuoso del debido proceso y con todas las garantías y derecho de los sujetos pasibles de esa acción”.
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El presidente del Consejo de Estado se mostró de acuerdo con la necesidad de legislar para cumplir con el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evitar que se sigan generando malas interpretaciones sobre las facultades que tienen los organismos administrativos frente a los funcionarios públicos.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de la Cancillería, se comprometió a apoyar el paquete legislativo que se necesita para aplicar la sentencia emitida por el tribunal internacional en el caso de Gustavo Petro.
