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Para celebrar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) favorable a Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió celebrar el Día de la Independencia desde San Andrés, donde anunció que negociaría con Daniel Ortega, su homólogo de Nicaragua, los efectos de la decisión para que los raizales puedan pescar tranquilos.
"Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre estos nuevos fallos de la Corte Internacional de Justicia. Podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia", dijo Petro.
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La noticia no cayó bien para su antecesor, Iván Duque Márquez, quien se refirió a otro fallo de la CIJ, el de noviembre de 2012, que en su momento generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno nacional.
"Salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la República, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales. Que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio. El país debe estar atento y evitar la entrega a Ortega", escribió Duque Márquez en Twitter.
Porque, en efecto, Petro mencionó el fallo de 2012, pero en términos muy diferentes a sus antecesores, Duque y Juan Manuel Santos, quienes los consideraban inaplicable.
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"Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. ¿Qué fue lo que fracasó desde el 2001 hasta el 2012 para que perdiéramos estos 75.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar? ¿En dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la falla?", dijo el primer mandatario este jueves.
La historia del litigio entre Colombia y Nicaragua
Primero, conviene explicar los antecedentes del fallo de 2012. Todo el asunto empezó en 1928, cuando Colombia y Nicaragua suscribieron el tratado Esguerra-Bárcenas, que reconoció que Colombia tenía la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero sin incluir a los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, que para el momento estaban bajo control de Estados Unidos.
En 1980, Nicaragua consideró que el tratado no era válido debido a que en 1928 estaba dominado militarmente por Estados Unidos, y en 2001 interpuso una demanda al respecto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos).
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En 2007, la CIJ consideró que no podía pronunciarse sobre el archipiélago de San Andrés, pues su soberanía había quedado definida en el tratado Esguerra-Bárcenas, pero informó que sí estudiaría el caso de los cayos y "la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia".
El fallo de 2012
El 19 de noviembre de 2012, la Corte de La Haya determinó que Colombia sí tenía soberanía sobre los cayos, pero le entregó control a Nicaragua sobre el mar que los rodea, lo que significó que el país sudamericano perdiera 75.000 kilómetros cuadrados de mar y que el centroamericano tuviera derecho a yacimientos de gas y petróleo, así como a los derechos de pesca, lo que golpeó a los raizales que viven de esa actividad.
El entonces presidente Juan Manuel Santos rechazó inmediatamente la decisión, dijo que la CIJ había cometido "errores graves" y el 27 de noviembre de 2012 denunció el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como Pacto de Bogotá, que le da competencia a la CIJ para dirimir conflictos de fronteras entre países. ¿Qué quiere decir eso? Que formalmente anunció su retiro del pacto.
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La tesis de Santos siempre fue que el fallo era inaplicable, y por esa razón, el 18 de septiembre de 2013, ordenó la realización de ejercicios de soberanía sobre el Caribe para reiterar esa postura.
En respuesta a las palabras de Santos, Nicaragua demandó a Colombia, el 23 noviembre de 2013, alegando que se había incumplido la sentencia de 2012 y que el país sudamericano había violado varias veces la soberanía de sus mares.
Colombia contrademandó diciendo que se estaban vulnerando los derechos de los raizales a la pesca y alegó que la CIJ ya no tenía competencia para pronunciarse, pues los efectos del anuncio del retiro del Pacto de Bogotá debían ser inmediatos.
Sin embargo, sus argumentos se cayeron: el tratado establece que la denuncia debe ser presentada "mediante aviso anticipado de un año", lo que significa que la salida formal de Colombia del Pacto de Bogotá se dio el 27 de noviembre de 2023. Así las cosas, en marzo de 2016, la Corte de La Haya sentenció que sí podía pronunciarse sobre la demanda por presuntas violaciones a la soberanía de Nicaragua.
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El golpe definitivo para Colombia en esta parte del litigio llegó el 21 abril de 2022, cuando la CIJ falló a favor del país centroamericano y determinó que sí se habían violado "los derechos soberanos y la jurisdicción" de su zona marítima. La sentencia también le ordenó a Colombia "'cesar de inmediato' sus actividades pesqueras y de investigación marítima, al igual que las de patrullaje".
Tan pronto se conoció la decisión, el entonces presidente Iván Duque advirtió que nunca negociaría con Daniel Ortega y lo calificó de dictador.
Pero la postura de Colombia cambió con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y, como él mismo lo anunció este 20 de julio de 2023, sí está dispuestos a dialogar con Ortega sobre el fallo de 2012.
El fallo de La Haya de 2023
El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua puso otra demanda en la que pedía extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, lo que había representado un golpe para Colombia. En marzo de 2016, la CIJ determinó que sí era competente para estudiar el caso.
Pero el pasado 13 de julio este asunto salió favorable para Colombia: la Corte de La Haya desestimó las pretensiones de Nicaragua y fue clara en decir que "no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado". En otras palabras, se mantuvieron los límites fijados en 2012.
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La Corte Internacional de Justicia ya no es competente para pronunciarse sobre nuevas demandas de Nicaragua, por lo que Colombia no podría perder más de lo que perdió en el fallo de 2012. Ahora lo que queda es saber qué va a pasar con las negociaciones entre Daniel Ortega y Gustavo Petro.
