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El presidente Gustavo Petro anunció, este jueves 20 de julio, su voluntad de iniciar diálogos con su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para que se garanticen los derechos de los raizales, en el marco de los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites en San Andrés y Providencia.
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"Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre estos nuevos fallos de la Corte Internacional de Justicia. Podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia", dijo Petro.
El presidente de Colombia hizo este anuncio en la llamada Fiesta por la Soberanía, como parte de la celebración de los 213 años de la Independencia.
Y uno de los que criticó la voluntad de negociar con Ortega fue Iván Duque, antecesor de Petro, quien advirtió que dialogar con el mandatario nicaragüense implicaría reconocer el fallo que la CIJ emitió en noviembre de 2012 y que le dio al país centroamericano control sobre gran parte del mar que rodea los cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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"Salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la República, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales", escribió Duque en Twitter.
"Que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio. El país debe estar atento y evitar la entrega a Ortega", añadió.
El fallo de 2012
El pasado 13 de julio, la CIJ, con sede en La Haya (Países Bajos), rechazó las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas. Aunque la decisión significó un triunfo de Colombia, no quiere decir que el asunto con el país centroamericano esté terminado.
El pleito tiene más de 20 años de duración, pero como tal el tema se remonta al 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia, en respuesta a una demanda de Nicaragua, reconoció la soberanía de Colombia en los cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le entregó al país centroamericano el control sobre los cayos que lo rodean, lo que fue calificado por el entonces presidente Juan Manuel Santos como un "error grave".
Así las cosas, casi dos semanas después (27 de noviembre de 2012), Santos anunció formalmente el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que permite que la Corte de La Haya intervenga en litigios fronterizos.
La postura de Santos, así como la de su sucesor, Iván Duque, fue que el fallo de 2012 no debía ser aplicable: "Y no lo vamos a aplicar, como lo dijimos entonces y lo repito hoy, hasta tanto no tengamos un nuevo tratado. Y no vamos a hacer ninguna acción, en ninguna dirección, hasta tanto no se pronuncie la Corte Constitucional, después de la demanda que puse personalmente", declaró el entonces presidente, el 18 de septiembre de 2013, durante un ejercicio de soberanía.
Nicaragua demandó a Colombia el 23 de noviembre de 2013, argumentando que había incumplido el fallo. Colombia, por su parte, dijo que la Corte de La Haya ya no tenía competencia para pronunciarse sobre la nueva demanda de Nicaragua, toda vez que la denuncia del Pacto de Bogotá (es decir, el retiro del pacto) tenía efectos inmediatos: en otras palabras, que la salida del tratado debía hacerse efectiva desde el 27 de noviembre de 2012.
Sin embargo, en marzo de 2016, la Corte de La Haya determinó que sí tenía competencia para pronunciarse sobre la demanda de incumplimiento del fallo, pues el artículo 56 del Pacto de Bogotá establece que la denuncia se debía presentar "mediante aviso anticipado de un año". Es decir, para la CIJ, el retiro de Colombia del tratado se hizo oficial el 27 de noviembre de 2013.
Así las cosas, en abril de 2022, la CIJ determinó que Colombia sí violó "los derechos soberanos y la jurisdicción" de Nicaragua.
En resumen, la negociación en torno a los límites definidos en el fallo de 2012 sigue pendiente. Y lo que le causó molestia a Duque, precisamente, tiene que ver con que Petro explícitamente reconoció que la sentencia de 2012 había sido una derrota para Colombia, contrario a sus antecesores, que la consideran inaplicable.
"Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75.000 kilómetros cuadrados hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. ¿Qué fue lo que fracasó desde el 2001 hasta el 2012 para que perdiéramos estos 75.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar? ¿En dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la falla?", dijo el presidente de Colombia, este jueves 20 de julio.
