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Los Secretos de D'arcy Quinn se reveló que la Corte Constitucional examinará las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ante las extralimitaciones que se habrían tomado en los últimos meses.
La Sala Plena se prepara para un debate que podría redefinir los límites del poder administrativo en Colombia. En el centro de la discusión está la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una entidad que ha generado inquietud tras recientes actuaciones que han puesto en entredicho su legitimidad.
El caso ha cobrado mayor relevancia en los últimos días. El 12 de febrero de 2025, la SIC realizó una inspección en Naturgas y la ANDI. Durante 12 horas, sus funcionarios revisaron documentos y recopilaron información con el argumento de supervisar la competencia en el mercado del gas.
La acción generó una fuerte reacción en el sector empresarial. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, denunció el hecho como una intromisión indebida que atentaba contra la autonomía gremial.
Pero el escándalo no terminó allí. Un día después, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra 16 funcionarios de la SIC por supuestas irregularidades en inspecciones a la Registraduría. Se les acusa de haber accedido, sin justificación clara, a información reservada de servidores públicos, lo que podría constituir una extralimitación de funciones y una vulneración del debido proceso.
En este contexto, la Corte Constitucional, en el expediente D-16272, enfrenta una decisión crucial: admitir o no una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, que faculta a la SIC para practicar visitas de inspección sin mayores controles.
La acción ha sido promovida por la Fundación DILO, una organización que en el pasado, bajo la representación de Mauricio Pava, se opuso a la compra de ISA por parte de Ecopetrol y demandó las curules de paz, entre otras iniciativas en materia de litigio estratégico.
DILO argumenta que la SIC ha excedido su rol de regulador del mercado y que, al estar adscrita al Ejecutivo, sus inspecciones comprometen la separación de poderes. Sin embargo, la demanda ha encontrado un obstáculo: la Sentencia C-165 de 2019, que ya analizó un cargo contra la misma norma desde la óptica del derecho a la intimidad y el debido proceso.
La Corte ha rechazado su admisión con el argumento de cosa juzgada, pero DILO insiste en que la separación de poderes no fue analizada en aquella decisión y que es urgente limitar las facultades de esta "policía administrativa" del Ejecutivo.
Ahora, el debate llega a la Sala Plena. Si la Corte admite la demanda, podría abrir la puerta para restringir las facultades de la SIC y exigir mayor control sobre sus intervenciones. Si la rechaza, consolidaría su autonomía en la vigilancia y el ejercicio de sus competencias.
