Cámara confirmó que rep. legal de empresa de Centros Poblados tuvo contrato hasta el 16 de agosto

¿Quién está detrás de Rafael Enrique Romero Payares en la Cámara de Representantes? Esa es la pregunta que queda luego de que la propia corporación le confirmó a La FM que el representante legal de Omega Buildings, parte de la Unión Temporal Centros Poblados, tuvo un contrato de prestación de servicios con esa institución que él mismo decidió terminar de forma unilateral el pasado 16 de agosto.

“La oficina jurídica de la Cámara de Representantes informa que el señor Rafael Enrique Romero Payares firmó el contrato de prestación de servicios profesionales número 0185 el día 13 de febrero de 2021 de la presente anualidad. Cabe resaltar según información entregada por el supervisor del contrato, el señor Romero cobró seis cuentas cumpliendo a cabalidad con su obligación contractual con la entidad, sin embargo el pasado 16 de agosto de 2021 el señor Rafael Romero Payares solicitó terminación anticipada del contrato de manera irrevocable a cualquier vinculación con la Cámara de Representantes”, resalta el comunicado enviado a esta emisora.

Romero Payares recibió en total 24 millones de pesos con un salario de cuatro millones de al mes para cumplir el objeto de “prestar servicios profesionales para acompañar la división financiera en la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas”.

Esto luego de que en diciembre el contrato de un billón de pesos fue adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados en la que Romero tenía participación siendo representante legal de la empresa Omega, especializada en materiales para infraestructura. Y luego también del giro del anticipo por 70.000 millones de pesos.

Luego, por una columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras se conoció de las garantías bancarias presuntamente falsas que fueron denunciadas en una audiencia por el propio banco Itaú. Mientras el escándalo reventaba en el país, Romero a su vez era contratista de la Cámara y decidió terminar su contrato solo hasta hace 15 días.

Fuentes en el Congreso aseguraron que en la mayoría de casos los contratos de prestación de servicios tienen una cuota política detrás. “Esos contratos de prestación de servicios nunca son sin recomendación aquí”.

La FM ha buscado al ex contratista y representante legal para conocer su respuesta.

En esa misma línea las autoridades investigan el papel de Karin Stefani Pupo Benito Revollo, que era representante legal suplente de ICM Ingenieros y antes tuvo un cargo de asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Daira Galvis de Cambio Radical.

El contrato fue directamente con el Senado, pero Benito salió entre finales de 2019 e inicios de 2020 por necesidades del cargo en el equipo de la senadora.