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El embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, le solicitó a la Cancillería colombiana una licencia no remunerada para dedicarse a su defensa y acompañar a su familia, en el proceso de investigación por el hallazgo de un laboratorio de coca en la finca de su propiedad.
El diplomático está en el foco de la polémica y de las autoridades, luego de que en su finca ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca), fuera hallado un laboratorio de producción de alcaloides.
La situación se desató a mediados de febrero cuando la policía encontró y destruyó un laboratorio capaz de producir una tonelada de cocaína al mes en una finca de la familia del embajador Sanclemente.
Los agentes que adelantaron el operativo detectaron el laboratorio en la propiedad de la familia de Sanclemente, en el municipio de Guasca (Cundinamarca) y lo incineraron.
Cinco personas fueron capturadas en el operativo realizado el miércoles 12 de febrero, que desencadenó un incendio forestal en la zona "que consumió un total de cuatro hectáreas de vegetación virgen", según se advierte en un reporte policial conocido con posterioridad.
"Es una situación completamente sorpresiva para mí, para mi familia, para nuestros socios empresariales", afirmó Sanclemente en su momento a la agencia AFP en la capital uruguaya.
Según el diplomático, la finca es de propiedad de su familia y de la familia Spiwack, los dueños de los hoteles Dann, desde 1987.
En su versión a los medios, Sanclemente dijo que la policía inspeccionó "casas, bodegas, oficinas" y que en "la parte alta de la finca, en una zona frondosa, boscosa, encontraron droga".
Sin embargo, en el sitio había un complejo con capacidad de procesar una tonelada mensual de cocaína, indicó la policía.
El 14 de febrero pasado, la juez 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad contra los cinco capturados en este procedimiento policial.
La medida cobijó a los capturados: Cristian Anibal Gómez Vanegas, Yefer iván Castillo Cómez, Jhon Jairo Morales Zambrano; Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Perilla.
Por estos hechos, la delegada de la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de estupefacientes y de insumos químicos. El valor de los insumos es de 126 millones de pesos.
De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, el procesamiento del alcaloide debía ser constante por las cuatro prensas que tenían marcas distintivas y códigos diferentes, que fueron incautadas.
