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El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció que el partido radicó una acción de tutela tras la decisión de la juez 44 penal de imponer una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal.
Según Vallejo, la tutela se basa en la presunta vulneración del derecho fundamental a la oposición política, argumento que el partido sustenta en una sentencia de unificación de la Corte Constitucional de septiembre de 2023, que reconoce este derecho como pilar del sistema democrático.
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“El Centro Democrático considera que esta detención, que viola los precedentes jurisprudenciales y las reglas fijadas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema, representa una violación directa al derecho fundamental a la oposición política”, afirmó Vallejo en entrevista con La FM.
El dirigente político diferenció la tutela presentada por el partido de la que interpuso el equipo jurídico del expresidente, y recalcó que el Centro Democrático actúa en su calidad de partido de oposición desde el 7 de agosto de 2022.
“Sin oposición política no hay democracia. Eso se lo explicamos al juez constitucional que debe estar analizando la tutela en este momento”, subrayó Vallejo.
Al ser consultado sobre si consideran que la condena refleja una persecución política, Vallejo aseguró que el fallo deja “un tufillo político” y que el uso de ciertos adjetivos por parte de la jueza debilita la confianza en la justicia.
“Es un fallo que le hace un enorme daño a la majestad de la justicia. Pareciera más una materialización de una venganza política. La justicia colombiana ha sido instrumentalizada por los adversarios políticos de Álvaro Uribe Vélez para condenar a un hombre inocente”, dijo.
En cuanto a las implicaciones de la detención domiciliaria, Vallejo reiteró que esta impide al líder natural del partido ejercer plenamente su rol político.
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“Al poner preso al máximo líder de la oposición en Colombia se está violando, entre otros, el derecho fundamental a la oposición. El presidente Uribe tendrá una restricción de movilidad que limita su capacidad para ejercer ese derecho como lo venía haciendo”, concluyó.
La acción de tutela ya fue radicada y está en manos de un juez constitucional, quien deberá determinar si efectivamente hubo una transgresión al derecho de oposición política con la medida de aseguramiento impuesta al expresidente.
