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La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, reveló un documento que estarían enviando algunos comparecientes, principalmente de la Fuerza Pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del cual informan sobre el recorte presupuestal de $170.000 millones al que será sometida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el año entrante.
Según Posada, se trata de una estrategia de presión emprendida por la JEP para evitar la disminución de sus recursos en el 2027.
"Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal", indicó.
Posada aclaró que el recorte no solo es para la justicia transicional, sino para todas las entidades del Estado, que tienen que apretarse el cinturón por la difícil situación fiscal que enfrenta el país.
Según la congresista, la JEP estaría diciendo que debido a este recorte se estarían afectando los procesos contra los comparecientes y que los mismos pasarían a la justicia ordinaria, lo cual no es cierto.
"Cabe recordar que este recorte no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado, en el marco de la grave situación fiscal que atraviesa el país. También estarían diciéndoles que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la jurisdicción ordinaria sin las reglas especiales de la justicia transicional", indicó.
Dijo que "de confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías por parte de un Tribunal que los equiparó con el terrorismo y que no les respetó la garantía del juez natural".
La senadora adjuntó el documento que los comparecientes de la Fuerza Pública estarían haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
