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En el Congreso de la República fue radicada una reforma constitucional con la cual se pretende impedir la prórroga de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tan pronto cumpla 10 años de funcionamiento.
En términos prácticos, este acto legislativo, presentado por el senador Enrique Gómez, plantea que terminar las tareas de la JEP en marzo del 2028 y evitar que labor se extienda cinco años más como está previsto.
Al respecto, se pronunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien confirmó que el Gobierno estudiará la propuesta legislativa para definir si es conveniente o no apoyarla. No obstante, sí dijo que algunas instituciones cumplen su ciclo.
“Lo voy a revisar, no quisiera pronunciarme sobre un proyecto sin antes haberlo leído, porque no lo conozco. Yo sí creo que las instituciones cumplen un fin y tienen un ciclo, pero esperemos a revisarlo”, confirmó.
Este acto legislativo plantea que a partir de marzo del 2028, cuando termine el primer periodo de la jurisdicción de paz, todos los procesos deberían pasar a manos de la Justicia Ordinaria, que se encargaría del juzgamiento de quienes comparecieron ante la JEP.
En el texto del proyecto se plantea que las sanciones y condiciones establecidas en la justicia transicional no cambiarían, ya que los tribunales de Justicia y Paz estarían en la obligación de actuar bajo las mismas premisas que hoy tiene la JEP, lo cual garantiza el debido proceso para los comparecientes desmovilizados de la guerrilla y exintegrantes de la Fuerza Pública.
Reforma en favor de militares
Desde el Centro Democrático también se está impulsando una reforma que busca fortalecer las garantías y la seguridad jurídica de los militares sancionados por la Justicia Especial de Paz.
“La iniciativa establece una revisión automática judicial de estas sentencias, sin que el militar o policía tenga que solicitarla. De esta manera, todos los miembros de la Fuerza Pública tendrán la misma garantía, independientemente de sus recursos económicos o de las circunstancias particulares de su defensa”, indicó el partido.
El proyecto plantea que esa revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías constitucionales.
Todas estas iniciativas deberán pasar por una revisión del Gobierno Nacional para determinar cuáles de ellas pueden ser apoyadas y cuáles no.
