La FM en Google News
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una nueva denuncia antes de dejar el poder para que se le investigue por su supuesta autoría en el delito de instigación para delinquir.
Esta acción judicial fue presentada por parte del exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann.
La denuncia se origina de la reciente petición que hizo el presidente Petro en el sentido de crear las guardias bolivarianas, las milicias populares y las asambleas populares.
Los autores de esta acción judicial plantearon que el artículo 348 del Código Penal establece que quien “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de determinado delito” podría ser autor de estos graves hechos.
“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir”, señala la denuncia.
Así mismo, se señala en la acción “En el presente caso, al provenir el mensaje de la cuenta oficial del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la red social X, se tiene que el mismo tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”.
De acuerdo con los abogados que promovieron la denuncia es evidente la calidad de líder político que le asiste a su autor y el carácter masivo del medio que utilizó para difundirlo, un espacio digital donde tiene millones de seguidores, el cual es monitoreado permanentemente por medios de comunicación nacionales e internacionales”, argumentaron los abogados.
También argumentan que se podría estar frente a una eventual sedición que va en contravía de lo establecido por el Código Penal, se podría enfrentar a una pena que oscila entre los 32 a 144 meses y una multa de 66 a 150 salarios mínimos, para quien se demuestra que, mediante el empleo de armas, pretenda impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional.
Se enfatiza en la denuncia que “el saliente mandatario no solo vulnera de manera flagrante el orden jurídico, sino que también puede revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”.
