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El Ministerio de Ambiente presentó tres proyectos de resolución con los que busca avanzar en la protección del páramo de Santurbán y su sistema hídrico. Las iniciativas contemplan una delimitación progresiva del ecosistema, la creación de una nueva zona de reserva permanente en California (Santander) y la prórroga de una reserva temporal hasta 2029.
La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, aseguró que las medidas buscan cumplir la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional decisión que tumbó la antigua delimitación y ordenó la participación de los municipios involucrados en la zona del ecosistema.
"Presentamos la resolución 863 de 2026. Mediante esta resolución adoptamos una metodología innovadora que permite la delimitación progresiva en los páramos, sin reducir los estándares de integralidad ni los términos de gobernanza incluidos en la sentencia T-361 de 2017", afirmó.
Detalles del proyecto
La funcionaria explicó que el primer proyecto propone delimitar 29.199 hectáreas correspondientes a 19 municipios con área de páramo e incorporar nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación en la protección del ecosistema.
Asimismo, señaló que el segundo proyecto plantea una reserva definitiva de 1.500 hectáreas en la quebrada La Baja, en el municipio de California, con base en estudios del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades científicas.
El tercer proyecto propone actualizar y ampliar una reserva temporal en el costado occidental del macizo, incorporando 88 hectáreas adicionales y extendiendo su vigencia hasta marzo de 2029.
La ministra precisó que las medidas no afectan la minería tradicional en proceso de formalización, pero sí impiden nuevos títulos y licencias para proyectos de mediana y gran escala.
"No estamos desconociendo la realidad de la minería tradicional de arraigo comunitario ni los procesos de formalización que ya se encuentran en curso. Lo que no se otorgará son nuevos títulos ni nuevas concesiones para minería de mediana y gran escala por la afectación que tendría sobre el ecosistema", indicó.
Asomineros rechaza las medidas
Tras el anuncio, organizaciones sociales, comunales y mineras de Soto Norte rechazaron las iniciativas y anunciaron acciones legales contra el Ministerio de Ambiente y los funcionarios responsables.
La presidenta de Asomineros Vetas y el POMCA del Alto Lebrija, Ivonne González, afirmó que las resoluciones desplazan a la minería legal y favorecen la minería ilegal.
"Con estas tres resoluciones el Gobierno del presidente Gustavo Petro prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos ser formales y los titulares legales vamos a ser desplazados para dejarle el territorio a la ilegalidad", manifestó.
Las organizaciones sostienen que la denominada delimitación progresiva contradice la posición jurídica que el mismo Ministerio de Ambiente expresó ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023, cuando señaló que no era jurídicamente posible implementar parcialmente los acuerdos de concertación ni fragmentar el proceso de delimitación, el cual debía culminar con una nueva resolución luego de surtir todas las etapas participativas previstas en la sentencia T-361.
En el documento enviado por el Ministerio al Tribunal, la cartera indicaba: "no es posible jurídicamente implementar los acuerdos de concertación de manera parcial", ya que el proceso de participación debía agotarse integralmente antes de expedir el nuevo acto administrativo de delimitación. En el texto también se precisó que la delimitación del complejo de páramos no debía interpretarse como una habilitación para fragmentar o parcializar el ecosistema, sino preservarlo como una unidad integral.
González también cuestionó la creación de una reserva permanente en California y la prórroga de la reserva temporal, al considerar que "fueron elaboradas sin una participación suficiente de las comunidades y que afectan la principal actividad económica de varios municipios de Soto Norte".
Además, anunció que las organizaciones presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
La controversia surge a menos de tres semanas del cambio de gobierno y reabre el debate sobre la delimitación definitiva del páramo de Santurbán, un proceso que permanece pendiente desde hace más de 8 años tras la orden de la Corte Constitucional.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué anunció el Ministerio de Ambiente para el páramo de Santurbán?
La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, presentó tres proyectos de resolución: una delimitación progresiva del páramo, la creación de una reserva permanente en California (Santander) y la ampliación de una reserva temporal hasta 2029. Según el Gobierno, las medidas buscan cumplir la sentencia T-361 de 2017 y proteger el sistema hídrico que abastece a cerca de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.
¿Cómo impactan estas medidas a la actividad minera?
El Ministerio asegura que las resoluciones no afectan la minería tradicional que se encuentra en proceso de formalización, pero sí impiden otorgar nuevos títulos, concesiones o licencias para proyectos de mediana y gran escala dentro de las áreas protegidas, con el propósito de preservar el ecosistema.
¿Por qué Asomineros rechaza las resoluciones?
La organización sostiene que las decisiones desplazan a la minería legal y tradicional, favorecen la minería ilegal y desconocen el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional. Además, afirma que la delimitación progresiva contradice una postura jurídica que el propio Ministerio de Ambiente expuso ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023, cuando señaló que no era viable implementar una delimitación parcial.
¿Qué acciones anunció Asomineros?
Las organizaciones sociales, comunales y mineras de Soto Norte informaron que presentarán acciones legales contra el Ministerio de Ambiente y los funcionarios responsables por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones, al considerar que las medidas vulneran los derechos de participación de las comunidades.
