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Las comunidades de la provincia de Soto Norte, en Santander, decidieron declararse en desobediencia civil pacífica y suspender toda interlocución con el Ministerio de Ambiente mientras continúe el actual Gobierno o hasta que se detenga el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.
La decisión la anunciaron a través de un comunicado en el que expresan su preocupación por las consecuencias que podría tener una medida que adoptó en saliente gobierno.
Los municipios de California, Charta, Matanza, Suratá, Tona y Vetas, considerados la principal entrada al páramo de Santurbán, respaldan esta postura. Sus habitantes aseguran que no están en contra de la protección ambiental, pero consideran que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe tomarse con la participación de quienes han vivido allí durante generaciones y conocen de primera mano la realidad de la región.
El páramo de Santurbán, ubicado en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, abarca más de 142.000 hectáreas entre Santander y Norte de Santander. Desde hace varios años su delimitación ha sido discutido porque en este ecosistema hay intereses ambientales, económicos y sociales que han dificultado alcanzar un consenso.
Un debate que va mucho más allá de los límites del páramo
Uno de los principales argumentos de quienes defienden una protección del páramo es la seguridad hídrica. Las organizaciones ambientales, los ciudadanos y los acueductos metropolitanos insisten en que este ecosistema debe contar con la mayor protección posible para garantizar el suministro de agua de más de 2,3 millones de personas que dependen de este recurso.
Al mismo tiempo, la zona también ha sido motivo de charla por la minería a gran escala. Empresas multinacionales han promovido proyectos para la extracción de oro, lo que ha dado lugar a demandas internacionales y a un intenso debate sobre la conveniencia de desarrollar actividades mineras en un ecosistema considerado estratégico para el país.
A ese panorama se suma la posición de campesinos y mineros tradicionales, quienes aseguran que una delimitación demasiado restrictiva podría poner en riesgo su economía y su forma de vida.
Habitantes de municipios como Vetas y otros sectores de Soto Norte afirman que necesitan alternativas reales antes de que se impongan restricciones que afecten las actividades de las que dependen cientos de familias.
Las comunidades dicen que no hubo una participación real
Según el comunicado de la veeduría ciudadana, más de 30 organizaciones y 136 Juntas de Acción Comunal respaldan la decisión de congelar el diálogo con el Ministerio de Ambiente. Para estas organizaciones, un eventual decreto expedido antes del cambio de Gobierno podría afectar gravemente a las comunidades que viven en la zona.
Los líderes dicen que una delimitación bajo estas condiciones desconocería la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó llevarse a cabo un nuevo proceso que garantice la participación efectiva de las comunidades involucradas. A su juicio, ese requisito no se estaría cumpliendo.
También consideran que el procedimiento iría en contra de los principios del Acuerdo de Escazú, especialmente en lo relacionado con el acceso a la información y la participación ciudadana en asuntos ambientales. Por esa razón, afirman que su posición busca defender el agua, la vida y el derecho de las comunidades a intervenir en las decisiones que afectan directamente su territorio.
Los voceros insisten en que socializar un proyecto no puede reducirse a convocar reuniones o recoger firmas de asistencia. En su concepto, un proceso de participación implica escuchar a las comunidades, incorporar sus observaciones y permitir que tengan una incidencia real en las decisiones finales.
Advierten sobre una posible delimitación progresiva
Durante un pronunciamiento público, Ivone González, presidenta del Consejo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río Alto Lebrija, manifestó que, aunque las comunidades recibieron con satisfacción la decisión del Tribunal de Santander relacionada con el desacato impuesto a la ministra de Ambiente, ahora existe una nueva preocupación.
La dirigente aseguró que el Ministerio de Ambiente mantiene en consulta una resolución para avanzar en una delimitación progresiva del páramo. Según explicó, esta situación genera inquietud porque, en 2022, las comunidades solicitaron una delimitación parcial del macizo de Santurbán y, en ese momento, tanto el Tribunal de Santander como el Ministerio respondieron que el ecosistema no podía dividirse.
González recordó que esa posición también fue sostenida por la entonces ministra Susana Muhamad, razón por la que considera contradictorio que ahora se contemple un mecanismo diferente para avanzar con la delimitación. Por ello hizo un llamado a la Procuraduría para que haga seguimiento al proceso que actualmente adelanta el Ministerio.
Mientras tanto, las comunidades mantienen la esperanza de que el próximo Gobierno revise este proceso. En ese sentido, hicieron un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, para que analicen la situación y, según expresaron, detengan las actuaciones que actualmente desarrolla la cartera ambiental.
Finalmente, los líderes comunitarios reiteraron que mantendrán suspendido el diálogo institucional mientras no cambien las condiciones del proceso. Además, consideran que resulta contradictorio que un Gobierno que impulsó el Acuerdo de Escazú termine, según su postura, adelantando un procedimiento que no cumple con los principios de participación que ese mismo instrumento promueve.
¿Por qué el páramo de Santurbán es tan importante para Colombia?
El páramo de Santurbán es considerado un ecosistema estratégico porque abastece de agua a más de 2,3 millones de personas. Además, cumple un papel clave en la regulación hídrica y en la conservación de la biodiversidad de la región.
¿Qué reclaman las comunidades de Soto Norte?
Las comunidades aseguran que no se oponen a proteger el páramo, pero exigen que la delimitación se haga con una participación real de los habitantes del territorio, tal como, según indican, lo ordenó la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
¿Por qué la delimitación sigue siendo un tema de controversia?
Porque en Santurbán coinciden intereses ambientales, económicos y sociales. Mientras algunos sectores priorizan la protección del agua, otros defienden la minería tradicional o impulsan proyectos de extracción de oro, lo que mantiene abierto el debate sobre cómo proteger el ecosistema sin afectar a las comunidades que viven en la zona.
