Denuncian penalmente a Abelardo de La Espriella por presunto hostigamiento e instigación contra firmantes de paz

La denuncia solicita que la Fiscalía adelante una investigación por las presuntas conductas de hostigamiento agravado.
Gloria Cuartas
Gloria Cuartas fue designada como la nueva directora (e) de la Unidad de Víctimas Crédito: Unidad de Víctimas

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por considerar que algunas de sus recientes declaraciones públicas podrían constituir varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano.

La denuncia, que fue radicada este 15 de julio, solicita que la Fiscalía adelante una investigación por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de manifestaciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas Farc, y contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016.

Los argumentos de la denuncia

De acuerdo con el documento, Cuartas sostiene que las declaraciones atribuidas al presidente electo habrían incrementado los riesgos para la población firmante del acuerdo y podrían incentivar escenarios de estigmatización y violencia.

Así mismo, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz también señala que las expresiones objeto de la denuncia tendrían implicaciones sobre los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de quienes hacen parte del proceso de reincorporación.

Además de los delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, el documento hace referencia a presuntos actos de violencia política y de género contra Pilar Rueda Jiménez, por lo que solicita que esos hechos también sean evaluados dentro de la investigación.

Lo que pide a la Fiscalía

Dentro de las solicitudes presentadas al ente investigador, Gloria Cuartas pide abrir de manera inmediata la correspondiente indagación penal contra Abelardo de la Espriella.

También solicita practicar pruebas técnicas y forenses sobre el contenido audiovisual difundido el pasado 14 de julio y verificar su propagación en plataformas digitales.

De igual forma, pide coordinar acciones con la Unidad Nacional de Protección y con la Jurisdicción Especial para la Paz para actualizar la matriz de riesgo de Rodrigo Londoño y de los colectivos de reincorporación que, según la denuncia, podrían verse afectados por estas declaraciones.

El documento también solicita compulsar copias a otras autoridades, entre ellas la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz, para que evalúen las manifestaciones mencionadas dentro de sus respectivas competencias.

El trasfondo del caso

La denuncia fue presentada por Gloria Cuartas en su calidad de directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, dependencia encargada de hacer seguimiento a la ejecución de los compromisos derivados del acuerdo firmado en 2016.

Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de analizar los argumentos jurídicos, revisar el material probatorio aportado y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra el presidente electo Abelardo de la Espriella por los hechos denunciados.

Cuatro preguntas para entender la noticia

¿Quién presentó la denuncia?

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Contra quién fue presentada?

Contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

¿Qué delitos se mencionan en la denuncia?

Presunto hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir. Además, solicita evaluar posibles actos de violencia política y de género contra Pilar Rueda Jiménez.

¿Qué sigue ahora?

La Fiscalía deberá estudiar la denuncia, analizar las pruebas aportadas y decidir si abre una investigación formal por los hechos denunciados.


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