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El borrador de decreto que tiene listo el Gobierno Nacional sobre la protesta social en Colombia, que autoriza a la Fuerza Pública intervenir en las protestas aunque no se haya agotado el diálogo, comenzó a generar polémica en el Congreso de la República.
Algunos senadores advierten que la facultad para regular este derecho fundamental es exclusiva del poder Legislativo, tal y como lo ha expresado la Corte Constitucional.
El senador Héctor Olimpo Espinosa advirtió que respalda la medida, siempre y cuando no exceda las facultades que tiene el Ejecutivo.
“Siempre y cuando solamente la fuerza se use para disuadir actos de violencia de manera anticipada, me gusta, pero hay que esperar a ver cuál es el equilibrio que trae el decreto sobre la garantía del derecho a la protesta”, dijo.
“Hay que establecer que no sobrepase los limites reglamentarios del Gobierno porque buena parte de la reglamentación de un derecho fundamental que es el derecho a la protesta, para por la competencia del Congreso, que es quien tiene que desarrollar ese derecho”, añadió.
El senador Jota Pe Hernández apoya esta medida del Gobierno, ya que permitirá a las autoridades controlar el orden público e ingresar a las universidades cuando se comprueben violaciones del orden y posibles delitos.
“Hemos comprobado que dentro de algunas las universidades hay fabricación de explosivos, tráfico de drogas, abusos sexuales a mujeres, hemos visto casos en los que pasa de todo en la universidad y el Estado no puede hacer nada. Algunos encapuchados salen y atacan a la Fuerza Pública y luego se resguardan dentro de la universidad”, dijo.
“Este decreto llega en un momento justo en que se quiere imponer orden y autoridad en Colombia y yo lo apoyo completamente”, añadió.
¿Decreto podría ser demandado?
No obstante, la senadora Esmeralda Hernández considera que este decreto es arbitrario e inconstitucional y podría ser demandado ante el Consejo de Estado. Sin embargo, llamó la atención sobre las actuaciones de ese alto tribunal, que según ella, siempre han favorecido a los sectores de derecha y ahora al Gobierno Nacional.
“Rechazo esta decisión que es dictatorial, que es autoritaria, que desconoce la competencia del Congreso y que busca vulnerar un derecho fundamental”, indicó.
“En este caso aplicaría una acción de tutela porque se estaría violando un derecho fundamental, pero ahora acaban de sacar un decreto en el que dice que todas las tutelas que involucran al presidente de la República, van al mismos Consejo de Estado, así que están blindado las decisiones que toman”, sostuvo.
