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El Congreso de la República inició la discusión de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que le entrega mayores herramientas al Gobierno para sancionar las entidades de salud que no cumplan con los pacientes.
La iniciativa crea una especie de ‘jueces de la salud’ adscritos a la Superintendencia del ramo, que se encargarían de garantizar los derechos a la atención de los usuarios en todo el país.
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La norma busca entregarle poderes especiales a la Supersalud para sancionar con severidad a las entidades que presten un mal servicio. La idea es que tenga funciones jurisdiccionales para que, si es el caso, pueda remover del cargo a gerentes de EPS o IPS e inhabilitarlos para trabajar en el sector salud.
El senador ponente, Carlos Fernando Motoa, explicó que la idea es “aumentar las multas que actualmente están consignadas en la legislación colombiana”.
“Se establece la posibilidad de que la Superintendencia de Salud genere la remoción de un director de una EPS o de una IPS y se establece una inhabilidad de 15 años para que esa persona no pueda trabajar en entidades que administran recursos de salud”, manifestó.
También se pretende ampliar los términos de caducidad administrativa para los recursos de reposición y apelación que se presentan ante la Superintendencia.
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“Hoy la caducidad para imponer una sanción hoy es de tres años y se propone aumentarlo a cinco años y también se eleva a dos años la posibilidad de presentar un recurso de reposición”, indicó.
La discusión avanza en las Comisiones Séptimas conjuntas de Senado y Cámara y se espera que pueda estar aprobado en sus cuatro debates antes de terminar la legislatura.
