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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta, por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.
El alto tribunal citará a la excongresista, quien ocupó la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación hasta diez días antes de la segunda vuelta presidencial, a una indagatoria, un tipo de diligencia en el que podrá defenderse.
La Sala procesa a la vallecaucana por haber intentado suspender al presidente Gustavo Petro en medio de una indagación por presunta participación en política. El mandatario saliente luego la denunció por supuestas presiones burocráticas.
Arizabaleta no alcanzó a terminar su periodo como parlamentaria porque la Procuraduría General de la Nación, en medio de una investigación disciplinaria por un posible prevaricato —por la fallida suspensión—, la suspendió.
La Corte Suprema hizo lo propio. Inicialmente, el magistrado Misael Rodríguez echó a andar una causa también por prevaricato, pero, tras al menos dos inspecciones, varias declaraciones y evidencias documentales, el expediente creció.
Rodríguez ordenó inspeccionar la oficina de Arizabaleta, que seguía en el Edificio Nuevo del Congreso aunque ella no ejerciera. La primera diligencia fue el 11 de junio, un día después del auto que ordenó suspender al jefe de Estado.
El mismo jueves, el abogado Alejandro Carranza, defensor del mandatario en todo tipo de causas, denunció a la representante porque, según el propio presidente aseguró, les había pedido puestos a varios integrantes del gabinete ministerial.
La denuncia de Petro y la fallida suspensión presidencial: el origen del caso contra Arizabaleta
“Yo sé que hay evidencias, pero estará en manos de los ministros y de otros funcionarios revelar esas evidencias, para que sea la Corte la que determine si son o no pruebas”, expresó el jurista, quien habló de “un patrón de comportamiento” de la congresista.
La tesis de Petro y Carranza es que, como el Gobierno no cedió a supuestas presiones y aparentes “mensajes velados” de la representante, ella decretó una medida provisional que apartaba del cargo al mandatario hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Al final, la cautela nunca ocurrió. Después del revuelo que desató a once días de la contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Gloria Arizabaleta recordó que toda suspensión debía enviarse a la Comisión de Acusación en grado de consulta.
El magistrado Misael Rodríguez ordenó una segunda inspección. El 23 de junio, funcionarios comisionados por la Sala de Instrucción volvieron a la oficina de la congresista del Pacto Histórico —que no se postuló a la reelección—, para seguir recaudando pruebas en el expediente penal.
“A mí se me pidió varias veces servir como una especie de vehículo, frente a lo cual me rehusé”, manifestó Carranza el 11 de junio durante la primera diligencia. “Varias veces hablamos de que las cosas se deben hacer en estricto derecho”, añadió.
La Procuraduría, por su parte, suspendió a Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras y cofundadora de la Fuerza de la Paz, el partido del que pidió la escisión. La entonces representante instructora tenía facultades para suspender a Gustavo Petro como aforado constitucional, porque la Comisión de Acusación es el único órgano competente en cualquier asunto contra el presidente de la República.
La Procuraduría suspendió a Arizabaleta
Pero, como en el derecho disciplinario cotidiano, el que adelanta el Ministerio Público, la medida debe ser aprobada por la sala instructora, que en ese caso es la Comisión de Acusación en pleno, en la que durante las sesiones ordinarias del Congreso fue imposible alcanzar un quórum para sesionar o votar.
La representante tuvo que modificar su auto, precisamente para incluir el trámite automático de consulta que la Comisión debía agendar, aunque no lo hizo a tiempo: las sesiones ordinarias terminaron el 20 de junio, y un mes después se posesionó el nuevo Legislativo.
Gloria Arizabaleta permaneció suspendida todo ese tiempo. Sin la presidenta y sin quórum suficiente, la petición de suspender al presidente Gustavo Petro por sus trinos y discursos a favor del otrora candidato oficialista, Iván Cepeda, no produjo ningún efecto jurídico.
Lo que queda es una andanada de denuncias e investigaciones por supuesto prevaricato. Antes de la suspensión de la Procuraduría, la Sala de Instrucción le asignó por reparto a Misael Rodríguez una denuncia contra Arizabaleta por ese delito.
Para la Procuraduría, la representante pudo haber incurrido en prevaricato al ordenar una medida cautelar “sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia” ni enviar el auto al grado de consulta.
El Ministerio Público empezó a colectar varias pruebas para solidificar el expediente, y Arizabaleta desde entonces no pudo devengar su salario. El procurador general, Gregorio Eljach, aún tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión, pues la Sala Disciplinarias de Instrucción le envió la decisión, también en grado de consulta.
La Sala de Instrucción citará a Arizabaleta a indagatoria por cuatro delitos
La Comisión de Acusación debía entregar información sobre el expediente 7525, que inició de oficio y que derivó en la controversial orden de suspensión.
El procurador Eljach pidió el 25 de mayo un informe sobre cómo avanzaban los procesos contra el jefe de Estado por indebida participación en política, pero la respuesta de la célula legislativa fue incompleta y, de hecho, no incluyó ese caso.
Además, la corporación explicará cómo opera por dentro, cómo se asignan representantes investigadores, cómo es el procedimiento interno para cada decisión, etcétera. Eljach ha calificado en el pasado el funcionamiento de la Comisión como un “desgreño” sin radicaciones ni consolidados claros.
La actuación de Arizabaleta puso en riesgo los principios de dignidad humana, legalidad de la actuación disciplinaria y debido proceso, “que prevalecen frente a la limitación en el ejercicio del cargo” del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el auto de catorce páginas que abre la investigación en contra de la representante.
“Emerge la necesidad de preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación”, añadió el ente de control.
Gloria Arizabaleta había organizado una rueda de prensa en Bogotá para responderle al presidente Petro, quien la acusó de supuesta extorsión. Tras la suspensión provisional de parte del Ministerio Público, canceló el evento.
En los pasillos del Congreso ya no quedan ecos de la exparlamentaria. La Comisión de Acusación tiene nuevos integrantes y, desde el 29 de julio, un nuevo presidente: Carlos Cuenca, opositor a Petro y quien trató de ordenar un examen toxicológico por parte de Medicina Legal al jefe de Estado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema investiga a Gloria Arizabaleta?
La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación formal por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, relacionados con su actuación como representante investigadora en un proceso contra el presidente Gustavo Petro.
¿Qué originó el proceso contra la exrepresentante Arizabaleta?
La investigación surgió tras la fallida decisión de Gloria Arizabaleta de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. Después, el mandatario la denunció por supuestas presiones burocráticas para obtener cargos en el Gobierno.
¿Qué otras consecuencias ha enfrentado Gloria Arizabaleta?
La Procuraduría la suspendió provisionalmente por un posible prevaricato y ahora la Corte Suprema la citará a indagatoria. Además, la investigación penal se amplió tras varias inspecciones, declaraciones y la recolección de nuevas pruebas.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra Arizabaleta?
La excongresista deberá rendir indagatoria ante la Sala Especial de Instrucción, donde podrá ejercer su defensa. A partir de esa diligencia, la Corte definirá si existen méritos para acusarla en libertad, llevarla a juicio después de una detención preventiva o simplemente archivar el caso.
