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La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 21 años de prisión y 7 meses contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por irregularidades presentadas en una contratación realizada para la dotación de bibliotecas escolares de la región.
El magistrado ponente Gerardo Barbosa Castillo en documento firmado el día 10 de junio de 2026 indicó que la Sala de Casación Penal resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex mandatario vallecaucano en contra de la decisión proferida por la entidad, el pasado 2 de febrero de 2024.
“El conjunto probatorio permite afirmar, con el grado de convicción exigido por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que los hechos relevantes quedaron demostrados así como lo planteó el agente del Ministerio Público como interviniente no recurrente y que la responsabilidad penal del procesado Juan Carlos Abadía Campo deducida por la Sela Especial de Primera Instancia fue declarada sobre bases racionales”, reza un aparte del texto.
Antecedentes del tema
El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía se encuentra procesado por una serie de inconsistencias ocurridas con la ejecución de un convenio de cooperación firmado con la Fundación Calimío, el cual estaba encaminado a dotar de material bibliográfico a 40 instituciones escolares en 10 municipios del departamento.
De acuerdo con las autoridades, el convenio se encontraba pactado por una suma de $1.072 millones de pesos. En este caso, Abadía responde por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.
En el mes de febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia había fijado una primera posición frente al caso del ex mandatario. En consecuencia, le fue negada la prisión domiciliaria y desde ese momento fue dispuesta la privación inmediata de su libertad trasladándose hasta la Escuela de Caballería de la Policía Metropolitana de Cali.
¿Qué hallazgos encontró la Sala Especial de Primera Instancia en el caso de Juan Carlos Abadía?
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia frente al caso de Juan Carlos Abadía identificó que hubo un incumplimiento de diferentes requisitos previstos por la ley en la celebración del convenio entre la Gobernación del Valle del Cauca y Fundación Calimío por valor de $1.072 millones de pesos.
“Se acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificara las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar”, indicó la Corte en un texto compartido a los medios de comunicación el pasado 7 de febrero de 2024.
Incluso, la Corte pudo establecer que Juan Carlos Abadía se encontraba al tanto de la vulneración de la ley frente a la suscripción de este contrato, superando los límites de cuantía establecidos para llamar a una licitación.
¿Qué otros hallazgos se han identificado?
La Corte Suprema de Justicia manifestó que “se demostró que la fundación contrató la adquisición de los libros a dos empresas y, en esas negociaciones, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos empresas apropiarse de recursos públicos”.
