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Una dura polémica se desató en el país por cuenta del contrato de la Casa de Nariño por casi $42 millones para la elaboración de más de 1.400 monedas protocolarias en bronce y bañadas en oro.
Las monedas, además, llevan el nombre del presidente Iván Duque, algo que levantó una polémica en el país.
El representante Inti Asprilla calificó de “barbaridad” que el Gobierno destine 42 millones de pesos en la compra de unas monedas.
“En un país con tantas necesidades insatisfechas es una barbaridad gastar la plata en monedas protocolarias”, dijo.
Al respecto, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), confirmó la existencia de un contrato para la elaboración de unas monedas en Bronce, que sería parte de unos recordatorios para invitados ilustres y destacadas personalidades, por parte del presidente Iván Duque.
"Siempre la Presidencia de la República ha otorgado artesanías, libros, recordatorios y en este caso las monedas en sí mismas son un recordatorio que se le entrega a militares, deportistas o visitantes ilustres que tiene la Casa de Nariño. Cuando uno hace un recuento vemos que se ha invertido en este tipo de recordatorios que se hacen donde se invertirán cerca de 500 millones de pesos en gobiernos anteriores y nosotros hemos invertido menos de la mitad", manifestó Muñoz.
Y agregó: "Es muy importante no dejar tergiversar la información. Está es una moneda en Bronce cuyo valor unitario hasta cercano a los $29.000 y tiene una línea en oro de 24 kilates. A los que tratan de decir que estas son monedas de oro de un valor altísimo pues decirles que es una moneda de $29000 y eso está en el contrato que de es información pública".
Muñoz también se refirió al diseño de la moneda, explicando que en una de las caras tendrá la parte frontal de la Casa de Nariño y en la parte posterior estará la firma del Presidente de la República.
El contrato, por cerca de 42 millones de pesos, ha sido blanco de críticas a través de las redes sociales, donde aseguran que es un gasto que no se ajusta a la política de austeridad promovida por el Gobierno.
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