Congreso le puso puntos suspensivos a la "universidad" de la Procuraduría de Gregorio Eljach

Mientras el Congreso pasaba por su semana de receso, la plenaria de la Cámara de Representantes citó a una sesión que prometía ser clave para el procurador general, Gregorio Eljach, el exsecretario del Senado que llegó al ente de control con el apoyo de todos los sectores políticos y con el aval del presidente Gustavo Petro, quien lo ternó.

Inicialmente, la agenda contemplaba temas "sencillos" —como los describió el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, reprochando que la mesada 14 o los proyectos de la Procuraduría estuviesen en el orden del día—, como homenajear al municipio de Ituango, la carranga o las juntas de acción comunal, pero se desvió del todo.

Las prioridades fueron dos proyectos de ley que, de ser aprobados, hubiesen significado un triunfo para Eljach: la transformación del Instituto de Estudios del Ministerio Público en una "Universidad" del Ministerio Público, y la conmemoración del bicentenario de la Procuraduría, que garantizaba una vasta partida presupuestal.

Tras cinco horas de sesión, la plenaria suspendió la votación y la aplazó hasta el próximo martes, 14 de octubre. La jornada estuvo plagada de cuestionamientos sobre la necesidad de una "universidad", la financiación de la iniciativa o la rapidez con la que llegó a un último debate luego de que el procurador la radicara apenas el 5 de agosto.

Cuando a la votación del informe de la ponencia le faltaban catorce minutos, y registraba 71 apoyos y tres rechazos, el presidente de la Cámara, Julián López, del Partido de la U, ordenó la suspensión. López fue el ponente del proyecto de la universidad y su principal defensor. La plenaria ni siquiera discutió sobre la celebración del bicentenario.

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López calificó a la creación de la universidad como "la evolución del servicio público" y "lo que estábamos pidiendo todos los colombianos". La aprobación de la ponencia de López hubiese dado paso a la deliberación sobre la potencial institución, que ahora tendrá que esperar, aunque entre su primer y tercer debate pasaron menos de dos meses.

Eljach radicó el proyecto de la universidad y el del bicentenario exactamente el mismo día, buscando que el Legislativo diera pie tanto a la institución como a unos 200.000 millones de pesos que el Ministerio Público pide que la Nación le ceda para construir "una nueva instalación", la 'Casa del Bicentenario Procuraduría General', antes del 2030.

La rapidez con la que llegó a su segundo debate en la Cámara, cuarto en total y último antes de convertirse en ley, solo contrastó con las demoras en las votaciones de los impedimentos de congresistas este lunes. En tres rondas, con setenta, 72 y 74 votos, la Cámara negó los impedimentos incluso de algunos investigados en el ente de control.

Por ejemplo, la plenaria negó en dos ocasiones los impedimentos del representante David Racero, del Pacto Histórico, a quien la Procuraduría investiga por presuntamente pedir dinero a miembros de su unidad de trabajo legislativo y por supuestamente participar en irregularidades en contratación en el Sena. O a Germán Rozo, del Partido Liberal.

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Y en una ocasión se lo negó a Karen Manrique, procesada en el caso de la UNGRD por presuntamente participar en el desvío de contratos que habrían beneficiado a su esposo. Julián López aseguró que no había "ninguna razón" para aceptar los impedimentos, principalmente porque la universidad se crea a partir de un instituto que ya existe.

El procurador Eljach le dijo a La Silla Vacía que su objetivo "no es una universidad como la tuya y la mía, edificio, salones", sino tener "la naturaleza jurídica para poder expedir títulos con convenios con otras universidades". La universidad recibiría anualmente unos 20.000 millones de pesos del presupuesto de la nación y unos 30.000 de la propia Procuraduría.

Durante su trámite en el Senado, el senador Guido Echeverry cuestionó el aparente afán por pasar el proyecto. Su reclamo fue solitario, pero se multiplicó en la Cámara. Christian Garcés tachó a la iniciativa de no ser "pertinente", Jhon Jairo Berrío —también del Centro Democrático— sentenció que no entendía "por qué las carreras".

Jorge Eliécer Tamayo, de La U, reparó que no hubiese un concepto ni del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Hacienda que argumentara una viabilidad financiera, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, se unió a las observaciones sobre una virtual falta de claridad sobre el presupuesto del futuro centro educativo.

El consejo directivo de la universidad estaría conformado por un rector y cinco integrantes que Eljach designaría. De ser aprobada, empezaría a funcionar en 2026. Inicialmente, se pensó como un espacio de capacitación para empleados del Ministerio Público, más el texto contempla que esté abierto a todos los servidores públicos.