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Si las elecciones presidenciales atizan la polarización de Colombia, la protección de la niñez amansa los ánimos. Un proyecto de ley unió a la oposición, el oficialismo y las bancadas independientes para proteger a las infancias, principalmente de las comunidades indígenas, en un último paso antes de convertirse en una norma propiamente.
Se trata de Cuerpos libres de mutilación genital femenina, una iniciativa histórica que termina con el silencio que ocultaba la ablación entre la descoordinación institucional. Una vez el presidente Gustavo Petro sancione el articulado, Colombia será el primer país de Latinoamérica con una legislación específica para prohibir la ablación.
“Esto no es una práctica cultural”, dijo la lideresa emberá Juliana Domicó durante la plenaria del Senado de este miércoles, 10 de junio, en principio opacada por las discusiones de la Cámara de Representantes sobre una orden de suspender provisionalmente al presidente Petro, que no tiene mucho sustento jurídico.
Los balcones del salón del pleno del Senado estuvieron repletos de mujeres indígenas que viajaron hasta siete horas para insistir en la prohibición. “Es una práctica nociva impuesta en nuestro territorio”, añadió Domicó, que narró la lucha de las emberá para conseguir “una herramienta” que “no se quede en una ley muerta”.
La dimensión de una práctica que sigue afectando a niñas indígenas
Desde hace veinte años, diferentes organizaciones han documentado ese tipo de violencia de género. De acuerdo con Equality Now, una oenegé que aboga por la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, solo 59 de 94 países que han identificado la práctica cuentan con leyes concretas para hacerle frente.
Unicef, por su parte, calcula que la mutilación genital ha afectado a 230 millones de mujeres y niñas. Claudia Queragama viajó hasta la capital colombiana desde su resguardo en el Alto Andágueda, en Chocó, y afirmó que regresará “muy feliz”. “Nosotras, como mujeres, debemos defender a nuestras niñas”, remarcó ante la plenaria.
La ablación reúne un grupo de métodos que lesionan, alteran o extirpan, parcial o totalmente, los genitales externos femeninos por razones que no son nada médicas. Las secuelas se marcan en el cuerpo y la salud mental, con dolores, infecciones, complicaciones en partos o afectaciones psicosociales.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la mutilación como una violación de los derechos humanos. Entre 2020 y 2025 el sistema de salud reportó en Colombia al menos 204 casos, de los que 177 corresponden a niñas indígenas. Las voceras de la iniciativa no descartan que exista un subregistro.
En parte, la falta de documentación se motiva por insuficiencia de coordinación entre las entidades que deben salvaguardar los derechos de las comunidades, como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Interior. Y, en parte, los pueblos indígenas temen a consecuencias legales o estigmatización.
Lo que cambiará con la nueva ley para erradicar la mutilación genital femenina
“Insistimos hasta el último día”, expresó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien saltará al Senado en el nuevo Congreso. Dejar caer el proyecto “habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad emberá y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y son las verdaderas protagonistas”.
El proyecto avalado propone crear una política pública nacional para erradicar la ablación, fortalecer los sistemas de información para publicar datos periódicos y sensibilizar tanto a las comunidades como a los funcionarios públicos. El Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género reportó 54 casos en 2024.
La consejera Juliana Domicó, en nombre de su comunidad, reiteró el reclamo de que la futura norma “no se quede en letra muerta”. “Ara guma, ara guma”, dijo, agradeciendo en la lengua emberá chamí. El proyecto aterrizó en el Congreso en agosto de 2024 y, incluso desde antes de su radicación, contó con el diálogo impulsado en los territorios.
El eje principal de la potencial ley es un enfoque intercultural, interseccional y reparador, que implica que, al implementarse, las autoridades deben velar por el respeto de cada contexto cultural y cómo se afianzan las desigualdades. El sistema de salud deberá adoptar protocolos obligatorios para formal al personal médico.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué aprobó el Congreso sobre la mutilación genital femenina en Colombia?
El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley Cuerpos libres de mutilación genital femenina, que prohíbe expresamente la práctica, fortalece la prevención y establece medidas de atención para las víctimas. Tras la sanción presidencial, Colombia se convertirá en el primer país de América Latina con una legislación específica sobre la ablación.
¿Por qué la mutilación genital femenina sigue siendo un problema en Colombia?
Aunque suele asociarse a otros continentes, la práctica persiste principalmente en algunas comunidades indígenas del país. Entre 2020 y 2025 el sistema de salud registró al menos 204 casos, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas, aunque organizaciones y lideresas advierten que podría existir un subregistro significativo.
¿Qué cambios introduce la nueva ley para erradicar la ablación?
La norma ordena crear una política pública nacional, fortalecer los sistemas de información, promover campañas de sensibilización y mejorar la coordinación entre entidades estatales. También exige protocolos específicos en el sistema de salud para identificar, prevenir y atender casos de mutilación genital femenina.
¿Qué papel tuvieron las mujeres indígenas en la aprobación del proyecto?
Lideresas de comunidades emberá impulsaron durante años la discusión y acompañaron el trámite legislativo hasta su aprobación definitiva. Su participación fue clave para que la iniciativa incorporara un enfoque intercultural y para insistir en que la protección de las niñas no se quede únicamente en una declaración legal, sino que tenga efectos concretos en los territorios.
