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Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 están a pocos días de realizarse y los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes que ocuparán sus curules durante el periodo 2026-2030.
En medio de la campaña electoral, distintos centros de análisis han puesto la lupa sobre quiénes aspiran a llegar al Congreso y cuáles son los antecedentes de algunos de los candidatos.
Uno de los informes más recientes es el elaborado por la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), que hizo seguimiento a 3.144 candidatos inscritos para estas elecciones. El estudio revisó las listas al Senado y a la Cámara con el objetivo de identificar aspirantes con cuestionamientos públicos, ya sea por investigaciones judiciales, vínculos con estructuras políticas tradicionales o relaciones con clanes regionales.
De acuerdo con la investigación, 195 candidaturas presentan algún tipo de cuestionamiento:
- 78 aspirantes al Senado
- 111 a la Cámara de Representantes
- 6 pertenecen a circunscripciones especiales (indígenas, afro o de paz).
Según PARES, estos cuestionamientos pueden estar relacionados con investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, vínculos con estructuras políticas tradicionales o cercanía con clanes políticos que históricamente han concentrado poder en distintas regiones del país.
En total, estas candidaturas cuestionadas se encuentran distribuidas en 28 departamentos y Bogotá, lo que evidencia, según el informe, la persistencia de estructuras políticas regionales que influyen en las listas al Congreso.
¿Qué es un clan político en Colombia?
En el contexto político colombiano, un clan político es una estructura de poder regional conformada por familias o grupos cercanos que, a lo largo del tiempo, logran concentrar cargos públicos y posiciones de influencia en diferentes niveles del Estado.
De acuerdo con la investigación de PARES, estos clanes suelen estar formados por redes familiares o alianzas políticas, económicas y sociales que mantienen presencia en cargos como alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas departamentales e incluso en el Congreso de la República.
Estas estructuras suelen mantenerse activas elección tras elección mediante la rotación del poder entre miembros del mismo grupo o aliados cercanos, lo que les permite conservar influencia política y administrativa en sus territorios.
Además, el informe señala que los clanes también pueden impulsar candidaturas al Congreso con el objetivo de fortalecer su poder político y promover iniciativas que favorezcan sus intereses regionales o económicos.
¿Cuántos candidatos al Congreso 2026 están vinculados a clanes políticos?
El análisis de PARES encontró que 78 de los 195 candidatos cuestionados tienen algún tipo de relación o cercanía con clanes políticos o estructuras clientelares regionales.
Esto significa que el 40 % de los candidatos cuestionados estaría vinculado a este tipo de estructuras de poder territorial.
En el caso del Senado, la investigación identificó 33 aspirantes con respaldo o relación con clanes políticos, lo que representa 42,3 % de los candidatos cuestionados a esa corporación. Entre los grupos políticos regionales mencionados aparecen estructuras como:
- Clan Char, en Atlántico
- Clan Barreto, en Tolima
- Clan Gnecco, en el Cesar
- El grupo político Besaile-Elías, en Córdoba
- El grupo liderado por Dilian Francisca Toro, en Valle del Cauca
- el grupo Pineda-García, también en Córdoba.
Para la Cámara de Representantes, el informe encontró 45 candidatos cuestionados con algún tipo de vínculo con clanes, lo que equivale a 40,5 % del total analizado para esta corporación.
¿Qué partidos políticos tienen más candidatos cuestionados al Congreso en 2026?
El informe también analizó qué partidos concentran más candidaturas cuestionadas en ambas corporaciones.
Según los datos recopilados por PARES, cuatro partidos tradicionales encabezan la lista:
- Partido Liberal Colombiano: 33 candidatos cuestionados
- Partido Conservador Colombiano: 32
- Partido de la U: 29
- Cambio Radical: 24
En conjunto, estos cuatro partidos reúnen el 60,5 % del total de candidaturas cuestionadas identificadas en el seguimiento electoral.
La Fundación Paz & Reconciliación aclaró que el informe hace parte de un ejercicio de monitoreo y veeduría electoral, basado en la revisión de investigaciones judiciales, reportes de medios de comunicación y análisis académicos.
Además, el documento advierte que en muchos casos los procesos contra los candidatos se encuentran en etapas preliminares, por lo que se respeta el principio de presunción de inocencia y el derecho de los aspirantes a participar en las elecciones.
