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Los ocho senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral en su primera etapa, radicaron un nuevo documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que reiteran la solicitud de medidas cautelares, debido a la grave situación de inseguridad que se está presentando en el país.
Los parlamentarios radicaron un documento ante ese organismo en el que informan sobre el atentado del que fue víctima el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
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Los legisladores esperan que haya un pronunciamiento de ese organismo internacional en el que le pidan al Estado colombiano que garantice las medidas de protección que sean necesarias.
“Que se ordene al Estado Colombiano a brindar especial protección a los miembros del Congreso de la República, en especial del Senado de la República y de la Comisión VIl del Senado que radicaron la ponencia negativa con proposición de archivo de la reforma laboral: BERENICE BEDOYA, LORENA RIOS CUELLAR, ANA PAOLA AGUDELO, NADIA BLEL SCAFF, ESPERANZA ANDRADE, JOSUE ALIRIO BARRERA, MIGUEL ÁNGEL PINTO Y HONORIO ENRÍQUEZ”, indican.
Pero no solo eso, también piden a la CIDH que haga una exhortación al presidente Gustavo Petro para que frene los mensajes de odio hacia los congresistas.
“Que se abstenga de utilizar sus redes sociales para incitar al odio a la violencia, matoneo, bullyng y ataques mediáticos, escarnio público, instigación en contra de los miembros del Congreso de Colombia, en especial los de la Comisión VII del Senado que no han apoyado sus iniciativas y que en ejercicio de su derecho constitucional, a través de la solicitud de archivo de iniciativas legislativas no convenientes para el país, representando la voz del pueblo colombiano, al haber sido elegidos por el mecanismo de votación popular; están ejerciendo su derecho constitucional”, añaden.
De otro lado, insisten en que debe conformarse una comisión para verificar la situación que se está presentando en el país y para que le haga seguimiento a la discusión de los proyectos en el Congreso.
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“Se conforme una comisión internacional, veedora y especial de Seguimiento del trámite legislativo que surten los proyectos de ley y consulta popular liderados por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República”, dice la solicitud.
Los congresistas de la Comisión Séptima esperan que las medidas que tome la CIDH sirvan para garantizar los derechos humanos de los miembros del Congreso de la República que no han apoyado las iniciativas del Gobierno Nacional.
Este es el documento:
