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En entrevista con La FM de RCN, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, explicó los alcances del proyecto de ley que busca regular el porte legal de armas en Colombia, iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con 17 votos a favor y 6 en contra.
Wills aclaró desde el inicio que la propuesta no busca incentivar el uso masivo de armas, sino corregir lo que considera un "desbalance" generado por un decreto presidencial que desde 2016, y tras la firma del Acuerdo de Paz, restringió el porte de armas en el país.
"Este proyecto no está flexibilizando el porte de armas. La Constitución lo permite, pero el decreto presidencial de 2016 se volvió prácticamente una ley de la República al renovarse año tras año, dejando a la gente con permisos de porte que son inservibles porque no los pueden usar", explicó el congresista.
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El representante conservador señaló que, en la práctica, mientras los delincuentes portan armas sin necesidad de permisos, ciudadanos como comerciantes, ganaderos y empresarios —que ya cuentan con armas y permisos legales— no pueden usarlas ni siquiera para su defensa personal.
"Hoy los bandidos no necesitan ir al Departamento de Control y Comercio de Armas (DCCAE) para cometer crímenes, pero el ciudadano que ha cumplido todos los requisitos tiene que dejar su arma guardada en una caja fuerte porque no puede ejercer su derecho al porte", denunció.
Uno de los puntos que más recalcó Wills es la existencia de permisos especiales regionales que se han convertido, según él, en un foco de corrupción.
"Hoy se cobran millones por esos permisos que en teoría son gratuitos. Hay tramitadores y exfuncionarios aprovechándose de esto. Nosotros lo que queremos es centralizar y controlar ese proceso en el Departamento de Control y Comercio de Armas, para que se acabe ese negocio ilegal", afirmó.
Frente al temor de que esta regulación incentive la violencia en un país como Colombia, el representante fue enfático: "Aquí no puede comprar un arma quien quiere o quien tenga la plata. Los exámenes psicológicos, físicos, de actitud y los estudios de seguridad son rigurosos. Incluso le agregamos un curso de manejo de armas. No es cierto que esto incentive la violencia, lo que estamos haciendo es darle un mínimo de garantías a quienes el Estado no ha podido proteger".
El congresista también abordó la necesidad de descentralizar el debate y reconocer las realidades de las zonas rurales, donde la situación de inseguridad es mucho más grave.
"En las ciudades puede que la gente diga que no quiere más armas, pero en la ruralidad los ganaderos, los empresarios, los campesinos están indefensos. La delincuencia tiene armas, mientras ellos no pueden siquiera usar las suyas, que ya son legales. Eso es el mundo al revés", sentenció.
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Finalmente, Wills defendió que el proyecto también busca frenar el poder del Gobierno de turno para mantener indefinidamente la prohibición del porte por decreto.
"Llevamos diez años con esta restricción cuando la Constitución lo permite. No podemos seguir en manos de un presidente que año tras año actualice ese decreto según su voluntad. La seguridad en Colombia está desbordada y es hora de legislar de manera responsable", concluyó.
