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El Gobierno Nacional no la tendrá fácil para sacar adelante la recién radicada reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación de 2025, por cuenta del monto que asciende a los 523 billones de pesos.
En el Congreso de la República hay resistencia frente a estas propuestas, especialmente a la del monto de la vigencia fiscal del próximo año, tras advertir que el mismo está desfinanciado.
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Pero no solo eso, en la Comisión Tercera del Senado de la República al parecer se tendrían los votos suficientes para rechazar el monto propuesto por el Gobierno y reducirlo, en principio a 511 billones de pesos, con la exclusión de los 12 billones de la reforma tributaria.
El presidente de esta corporación, Juan Pablo Gallo, afirmó que “no se lo vamos a aprobar (el monto), por lo menos ese es el ambiente que se siente en la Comisión Tercera, la cual yo presido. Mi voto será en contra de ese monto que hoy está desfinanciado y mis compañeros tienen una posición similar".
“Además conocemos el último documento del comité autónomo de la regla fiscal que dice que el presupuesto está desfinanciado no en 12, sino en más de 33 billones de pesos”, añadió Gallo.
También se conoció que los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo y de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunieron con algunos integrantes de las comisiones económicas del Congreso, para tratar de buscar acuerdos en torno al presupuesto del 2025. No obstante, la mayoría de los integrantes de la Comisión Tercera de Senado no asistió al encuentro.
En las cuentas que se están haciendo, de los 16 miembros de la célula legislativa, habría entre 9 y 10 votos en contra, lo que significa que el Gobierno no cuenta con las mayorías para sacar el monto y la tributaria, por lo que si una de las cuatro comisiones económicas niega los proyectos, los mismos se hundirán por falta de apoyo.
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El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ha pedido sensatez del Gobierno Nacional y ha dicho que lo responsable es estudiar el monto del presupuesto de 2025 sin los 12 billones de la reforma tributaria, para posteriormente tramitar la ley de financiamiento y lo que salga de allí, incluirlo en la vigencia fiscal a través de una adición presupuestal.
