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El 21 de junio de 2018, la Fiscalía General de la Nación revelaba múltiples irregularidades producto de las elecciones para definir al Congreso de la República que ahora está legislando. Ese día, el ente acusador presentó la segunda fase de la “Operación Casa Blanca” en la que se descubrió una red de compra de votos para favorecer a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.
De igual manera, señaló entonces la Fiscalía, se descubrió un constreñimiento y corrupción en Bogotá en el que resultó mencionada la congresista María Fernanda Cabal. "Desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos”, señaló el ente acusador.
"De hecho, para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez (10) familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte (20) personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy”, agregó la Fiscalía.
"Uno de estos encuentros se presentó el pasado 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando se habría citado con esa excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los “requisitos”, y se les habría entregado un sobre con doscientos mil pesos ($200.000) como reconocimiento por la “colaboración”.”, informó entonces la Fiscalía General de la Nación.
El 19 de septiembre pasado, el juez 27 de control de garantías de Bogotá decidió enviar a la cárcel Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, los dos funcionarios del Distrito que habrían pedido votos para la campaña de la senadora María Fernanda Cabal en los comicios celebrados en marzo pasado.
Y por cuenta de esta determinación se pronunció Claudia López, exsenadora. "Así que María Fernanda Cabal resultó la Aida Merlano del Centro Democratico. Como para cuando la Fiscalía le dará el mismo tratamiento?”, se preguntó la excongresista. Cabal está en libertad y Merlano en prisión, razón por la cual Claudia López se preguntó cuándo habrá el mismo tratamiento del ente acusador en estos casos.
“Se me señala de hechos que no tengo nada que ver y que nunca he tenido ni siquiera presentes dentro de mi conducta. ¿Comprar votos? ¿Presionar a la gente a votar por mí? Es ridículo que se diga eso cuando yo me he forjado un nombre dentro de un partido con una coyuntura muy difícil”, sostuvo Cabal en su defensa.
“A mí no me comparen con conductas mafiosas y reprochables. A este país lo acabaron los politiqueros. A veces uno piensa si vale la pena o no. Sin embargo, creo que vale la pena seguir peleando por este país y no me dejaré amilanar”, agregó. Finalmente, María Fernanda Cabal dejó claro: “Mi nombre, que es mi patrimonio, no se lo permito a nadie para que jueguen”.
"Fiscal (@FiscaliaCol) usted tiene el deber de aclararle a la opinión pública que mi nombre nada tiene que ver en los hechos de corrupción mencionados en su rueda de prensa. No se puede enlodar el honor de una persona de esa forma tan irresponsable”, agregó Cabal.
Respecto a Aida Merlano, permanece en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá. El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.
El 21 de septiembre pasado, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, formuló pliego de cargos contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo, por presunta compra de votos y fraude electoral en los comicios realizados el 11 de marzo de 2018.
Para el jefe del órgano de control la excongresista pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria porque, fungiendo aún como representante a la Cámara, posiblemente cometió el delito de corrupción al sufragante, toda vez que, al parecer, entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella como candidata al Senado de la República para el periodo 2018-2022.
