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El Consejo Nacional Electoral (CNE) está estudiando una posible sanción en contra del Partido Liberal por no haber realizado a tiempo su convención nacional en la que debería definirse la permanencia o no del expresidente César Gaviria como director de la colectividad.
La ponencia de la magistrada Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, propone una multa de más de 25 millones de pesos y la obligación de realizar la convención en las próximas semanas.
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Ante esto, el expresidente Gaviria se pronunció a través de un extenso documento en el que insinúa que podría haber algún tipo de presión contra la colectividad, de parte de sectores del Gobierno y del CNE, por las decisiones autónomas que han venido tomando sobre las reformas que se tramitan en el Congreso y otras decisiones de la administración de Gustavo Petro.
“Ninguna autoridad estatal puede invadir la autonomía de los partidos políticos. Cualquier medida que implique una limitación de dicha autonomía debe haber estado expresamente prevista en la ley estatutaria correspondiente”, indicó en el documento.
Y añade: “Ninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar a un partido político a modificar sus estatutos ni a convocar órganos para ajustar sus estatutos. Cuando el Consejo de Estado le ordenó al Partido Liberal seguir procedimientos específicos para modificar sus estatutos, la Corte Constitucional concedió una acción de tutela para proteger la autonomía del partido”.
Asegura que como los partidos políticos son autónomos y no se puede permitir la injerencia del Gobierno o de cualquier otro órgano de los poderes del Estado en sus decisiones.
“La autonomía de los partidos políticos continúa estableciendo límites a injerencias en sus asuntos internos y ofreciendo protección para impedir que órganos estatales interfieran en las decisiones que libremente han adoptado las directivas de un partido, de conformidad con sus estatutos”, manifiesta.
El expresidente César Gaviria manifestó que solo una ley estatutaria podría limitar la independencia que tienen las colectividades, pero siempre preservando una órbita amplia sobre cómo cumplir ese deber.
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“Permitir la injerencia de un órgano estatal en el desarrollo de estas funciones, atenta de manera directa contra la garantía de la autonomía de los partidos, de la cual depende el pluralismo democrático, la efectividad del principio de representación política y las oportunidades reales de participación en las contiendas electorales competitivas”, subrayó.
Aún no ha habido ninguna decisión del Consejo Nacional Electoral en contra del liberalismo, por cuenta de una recusación que se presentó contra la magistrada Márquez, que es la que lleva este proceso dentro de ese tribunal.
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