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A partir de este jueves 29 de junio empieza a regir la ley de garantías hasta que terminen las elecciones territoriales, esto quiere decir que el Estado paraliza las contrataciones hasta el 29 de octubre.
No se podrán hacer contratos interadministrativos, contratos de prestación de servicios, de arrendamientos de inmuebles, con proveedores, entre otros.
Alfonso Portela, exregistrador delegado en asuntos electorales, le dijo a La FM que lo que se tiene en cuenta en esta ley es el “equilibrio en el proceso electoral. Entonces desde este 29 de junio no se pueden hacer convenios y modificar la nómina”.
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Explicó que “siempre se han criticado estos convenidos interadministrativos, los cuales deben saber que la ley existe y que hay esa restricción. No se debe utilizar como una herramienta política para que los recursos terminen en los bolsillos de las campañas”.
Portela indicó que “la vigilancia no debe ser dentro de los cuatro meses, sino que debe ser permanentemente, y que las cosas no se canalicen con el propósito político. Esto le viene bien al proceso político para que los dineros públicos no terminen circulando en las campañas”.
Sobre la posible intervención de los grupos criminales en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre, señaló que desde hace muchos años la guerrilla ha querido tener poder en las elecciones de algunos municipios.
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“Las elecciones locales suelen tener el fenómeno de los grupos criminales porque quieren hacerse el poder regional, ya que se les garantiza financiación a través de manejar los dineros de diferentes municipios. Para esta elección nos hace recordar lo que se vivió en el año 98, donde era tanta la incidencia de las guerrillas, que hubo departamentos donde renunciaron los candidatos y jurados porque estaban metidos en todas las regiones del país, y esto distorsionada por completo el discurso político”, recalcó.
