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El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le dio poder al abogado Víctor Mosquera para que interpusiera una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que advierte de una posible “ruptura del orden constitucional y amenaza al principio de separación de poderes en Colombia”.
Esta acción internacional se basa en la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de expedir por decreto la consulta popular, pese a que se hundió el pasado 14 de mayo en la plenaria del Senado.
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Se trata de una alerta temprana a través de la cual “ponemos en su conocimiento una situación de grave alteración del orden constitucional en Colombia, derivada del anuncio público del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar de que dicha iniciativa fue formal y expresamente rechazada por el Congreso de la República el 14 de mayo de 2025”.
En esta denuncia, Cepeda advierte que el principio constitucional de la separación de poderes está en peligro, porque está desconociendo una decisión legítima que se tomó en la plenaria de negar el concepto favorable para la convocatoria a las urnas.
“Tal decisión constituye una amenaza real, verificable e inminente al principio de separación de poderes, consagrado tanto en la Constitución Política de Colombia como en los principales instrumentos internacionales que garantizan la democracia representativa y el Estado de Derecho, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, dijo.
“Solicitamos que esta comunicación sea recibida como una alerta temprana formal ante su Oficina, con el fin de prevenir un escalamiento que comprometa los principios esenciales del sistema democrático colombiano y regional”, añade el documento.
Con esta denuncia presentada por el abogado Mosquera, se le pide al Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que tome nota de este riesgo institucional por el que está atravesando el país y que emita un exhorto público sobre este asunto.
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“Emita un pronunciamiento preventivo, exhortando públicamente al respeto del principio de separación de poderes, al cumplimiento del orden constitucional colombiano, y a la preservación de la democracia representativa como garantía institucional de los derechos humanos”, señala la petición.
El registrador nacional, Hernán Penagos, ya fue notificado oficialmente por el Congreso de que la consulta popular fue rechazada por la plenaria del Senado con una votación de 49 contra 47.
