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A través de un corto comunicado, el partido Centro Democrático respondió a los señalamientos que indicaban que un político adscrito a la colectividad sería un receptor de la información recopilada por medio de las chuzadas que presuntamente adelantó el Ejercito Nacional.
“Para el Centro Democrático y cada uno de sus integrantes es prioridad la legalidad como principio inamovible de todas las actuaciones que los rodean”, indica uno de los dos puntos del documento.
La colectividad del senador Álvaro Uribe también pidió que de comprobarse la veracidad de la información, “se hagan públicos los nombres de los integrantes del Partido presuntamente implicados en dichas acciones”.
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“Solicitamos a las autoridades competentes que de comprobarse en la investigación oficial la veracidad de la información emitida por el medio de comunicación, hagan públicos los nombres de los integrantes del Partido presuntamente implicados en dichas acciones, para tomar las medidas correspondientes.
Las interceptaciones ilegales se habrían hecho a teléfonos y correos electrónicos de magistrados de altas cortes, políticos y reporteros.
Uno de los objetivos era la magistrada Cristina Lombana, quien hasta mayo tuvo a su cargo el caso en curso contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos que podría llevarlo a juicio.
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Uno de los militares involucrados afirmó que se les ordenó entregar la información sobre Lombana "directamente a un reconocido político del Centro Democrático".
Por su parte, este sábado el presidente Iván Duque, aseguró que su gobierno tendrá "cero tolerancia" con miembros de la Fuerza Pública que violen la ley y pidió a los altos mandos militares investigar "hasta el fondo" cualquier denuncia sobre irregularidades.
"Si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la Constitución y la ley nosotros mismos vamos a sancionarlos", aseguró a periodistas.
