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Los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara una investigación en su contra por presuntas irregularidades en el proceso de elaboración de los pasaportes en el país.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que ninguno de los dos habría actuado de manera correcta, pues no estructuraron el proceso de forma eficiente y oportuna.
Sarabia aseguró: “Confío en la investigación que adelanta la Procuraduría. Desde el 5 de marzo pedí expresamente su acompañamiento, así como el de la Contraloría. Todo el proceso ha sido trazable y documentado”.
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Además, explicó que las decisiones que tomó durante su gestión respondieron a instrucciones del presidente Gustavo Petro, “con el único propósito de garantizar la continuidad del servicio y actuar con responsabilidad ante las necesidades del país”.
Por su parte, Luis Gilberto Murillo, quien dejó el cargo el pasado 28 de febrero y actualmente es precandidato presidencial, afirmó: “Celebramos que la Procuraduría adelante una investigación objetiva y rigurosa. La ciudadanía merece total transparencia y plena confianza en el manejo de lo público”.
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Murillo también defendió su gestión, asegurando que las decisiones que tomó se ajustaron a la ley. “El modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio”, afirmó.
Y sentenció: “Esta revisión permitirá despejar dudas, corregir imprecisiones y fortalecer la confianza institucional”.
Cabe mencionar que el proceso de adjudicación de los pasaportes sigue enredado. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que no permitirá la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, ya que, según él, esta firma ha construido un monopolio en torno a la expedición de estos documentos.
En ese sentido, el plan del Gobierno es firmar un convenio con la Imprenta Nacional y con el Gobierno de Portugal para que asuman esta responsabilidad a partir del 1.º de septiembre.
Sin embargo, un estudio de trazabilidad realizado por la Cancillería concluyó que la Imprenta no cuenta con las capacidades técnicas ni logísticas para prestar el servicio, ya que requeriría al menos 35 semanas para completar el proceso de transición.
Pese a las advertencias, el Gobierno avanza con sus planes y ultima detalles para la firma del convenio. En las últimas horas se llevó a cabo una extensa reunión entre las partes, en la que se elaboró un borrador del acuerdo y se definió una hoja de ruta para evitar una crisis en el país.
