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Se espera con tensión en los círculos políticos del país que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomen una decisión definitiva este martes sobre la ponencia conjunta de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, la cual afirma que la campaña que dio la Presidencia a Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación electoral por más de $3.500 millones. De aprobarse la sanción, los implicados, entre ellos el ahora presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, podrían enfrentar multas millonarias y consecuencias políticas.
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El CNE se reúne, en sala plena, para votar el proyecto de resolución que considera que la campaña del Pacto Histórico superó los límites legales en ingresos y gastos, sumando más de $3.500 millones en las dos vueltas electorales. La ponencia, firmada por los magistrados Prada y Ortiz, recomienda sancionar a varios de los principales actores del proceso electoral de 2022.
El nombre que ha generado más atención es el de Ricardo Roa, quien ejerció como gerente general de la campaña y hoy preside Ecopetrol. De aprobar las multas, se enfrentaría a la sanción más alta, estimada en alrededor de $596 millones. También están bajo análisis posibles sanciones para Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora) por su papel en las finanzas de la campaña.
Además, la ponencia sugiere que los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica respondan, individualmente, con multas cercanas a loa $583 millones cada uno, por “tolerar” presuntas irregularidades en el cumplimiento de los topes. Estas sumas podrían descontarse de la financiación estatal que reciba cada colectividad en el próximo desembolso del CNE.
El proceso ya ha sido objeto de impugnaciones. En septiembre fue aplazada la votación por una recusación contra el magistrado Prada, cuestionado por declaraciones previas que podrían comprometer su imparcialidad. También se había recusado a la magistrada Alba Lucía Velásquez por su participación como testigo electoral vinculada al Pacto Histórico; su salida del proceso modificó el quórum de voto.
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En el ambiente político se genera una mezcla de expectativa, temor y acusaciones de activismo judicial. Para el Pacto Histórico y sus aliados, la decisión del CNE no solo definirá sanciones económicas, sino también tendrá repercusiones simbólicas y políticas de gran calado.
