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Amnistía Internacional aseguró en un informe publicado hoy, que durante las protestas en Cali el 28 de abril y días sucesivos, se evidenció que la fuerza pública utilizó "armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas”, el informe estudió cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y defensores de los derechos humanos, lo que demuestra, según esa organización, “un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país”.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida”, indica el reporte de Amnistía Internacional.
María José Veramendi, investigadora de Amnistía Internacional y quien elaboró el informe, dijo a RCN Radio que detrás de la respuesta violenta de las autoridades en las protestas ocurridas en la capital del Valle “y los verdaderos objetivos detrás de esta represión está infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”.
Acotó que se hizo una verificación digital del material audiovisual que se recibió en las denuncias, el cual “da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)".
Veramendi subrayó que en Cali “ la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos”.
Puntualizó casos específicos como el que ocurrió el 3 de mayo, “cuando, en una incursión denominada Operación Siloé, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos”.
La investigadora de Amnistía Internacional María José Veramendi, afirmó que “esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias”.
El segundo caso que cita Amnistía Internacional es el ataque contra la Minga Indígena, que señala, fue “llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto”.
El último hecho citado en el reporte es del 28 de mayo, “cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle”.
Ese día, indica Amnistía Internacional, “ una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal”.
Advierte Amnistía Internacional que en el caso de Siloé, el 3 de mayo, “se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público”.
Según la organización la actuación de la policía y el ESMAD no es aislada o esporádica, “sino que responde a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización”.
“Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado”, afirma el documento de Amnistía Internacional.
La investigadora de Amnistía Internacional María José Veramendi, dijo que aunque el informe no habla, ni tiene documentados casos de desaparición forzosa, como fue publicado en su momento a través de las redes sociales, sí hubo denuncias de varios casos.
Subrayó que el 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” , por lo cual Amnistía Internacional espera que ese anuncio, “no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”.
El informe de Amnistía Internacional “insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados”.
Finalmente la organización Amnistía Internacional , señala que: “Se deben iniciar investigaciones diligentes, independentes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos”.
