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En el Congreso de la República diferentes sectores políticos se pronunciaron sobre el decreto que firmó el presidente Iván Duque que permite el regreso de la aspersión con glifosato para combatir los cultivos ilícitos en el país.
Mientras algunos sectores afirman que se trata una decisión que permitirá combatir el narcotráfico y la inseguridad en las regiones, otros indican que esto podría afectar la salud de las comunidades campesinas que habitan en las zonas donde se adelantan las fumigaciones.
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Los partidos de gobierno respaldan el decreto. El senador conservador Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión Segunda, en donde se discuten estos temas, afirmó que la medida permitirá fortalecer las medidas de seguridad.
“El regreso de la aspersión aérea para hoy combatir cultivos ilícitos, es una gran noticia para el país y lo veníamos pidiendo desde hace tiempo. Esta medida le permitirá al país luchar de frente contra el narcotráfico, mejorará la seguridad en las regiones y evitará el asesinato de líderes sociales”, manifestó.
La senadora uribista María del Rosario Guerra indicó: “Celebro la expedición del decreto que permite reanudar la aspersión aérea en el país para luchar contra los cultivos ilícitos, estamos esperando esta decisión de parte del Gobierno del presidente Iván Duque que va a ayudar significativamente a erradicar esas 200.000 hectáreas de coca, pero también a reducir la violencia contra líderes sociales y comunitarios”.
“La aspersión aérea va a complementar la erradicación manual y voluntaria, la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aérea genera esperanza de que retomemos la seguridad y combatamos el narcotráfico”, manifestó.
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Sin embargo, la oposición señala que permitir la aspersión con glifosato pone en riesgo la salud de los ciudadanos. El senador Armando Benedetti asegura que la fumigación aérea le representa más gastos al Estado colombiano.
“Comprar todos los cultivos ilícitos costaría más o menos dos billones de pesos, comprarlos y sustituirlos costaría cuatro billones de pesos, pero hacer la aspersión cuesta más o menos ocho billones de pesos, entonces no entiendo por qué quieren hacer eso. En los últimos 10 años nos hemos gastado casi 80 billones de pesos en aspersión y eso sería el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 50 años, eso sin hablar de los problemas de salud que acarrea el glifosato y ya está probado en el mundo”, sostuvo.
Además indicó que no entiende cómo se toman este tipo de decisiones en el Gobierno, teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que quiere una nueva estrategia en materia de lucha contra las drogas.
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El senador liberal Guillermo García Realpe aseguró por su parte que la expedición de este decreto no significa que la aspersión con glifosato volverá inmediatamente, ya que deben cumplirse con los criterios establecidos por la Corte Constitucional.
“El decreto 380 no está ordenando fumigaciones ya, está fijando un marco preventivo de afectaciones ambientales y de salud. Resta mucho para las fumigaciones, aun falta el cumplimiento de las exigencias de la Corte Constitucional como las consultas previas, concepto del Instituto Nacional de Salud y del Consejo Nacional de Estupefacientes”, manifestó.
Los congresistas afirman que la norma también establece que debe darse preponderancia al principio de precaución, para evitar que el glifosato genere afectaciones negativas en el país.
