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Aunque en varias oportunidades la reforma a la Justicia estuvo a punto de fracasar en el Congreso, la plenaria del Senado le tiró un salvavidas y aprobó el proyecto en segundo debate.
La iniciativa le dio vía libre a temas como la unificación de las sentencias judiciales, mecanismos arbitrales que agilizarán los fallos y funciones transitorias para notarios y centros de conciliación con el fin de que puedan resolver procesos pequeños.
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La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que lo aprobado garantiza un mayor presupuesto para el funcionamiento de la rama.
“Se hace una fórmula constitucional para que cada cuatro años, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, se aumente el presupuesto de la rama, se aumentan requisitos para ser magistrados, se establece una inhabilidad de cuatro años para los magistrados que quieran aspirar a cargos de elección popular”, señaló.
Aunque la senadora Paloma Valencia intentó revivir el tribunal de aforados para juzgar a los altos funcionarios del Estado, su propuesta no tuvo acogida entre los congresistas y tampoco en el Gobierno.
“Colombia necesita justicia y lamento mucho que el gobierno que yo ayudé a elegir, no ayude a convocar unas mayorías para solucionar un problema de fondo que tenemos los colombianos. Los de cuello blanco no pueden seguir teniendo impunidad en este país”, indicó.
Quedó claro que la elección del contralor seguirá en manos del Congreso de la República a través de un concurso de méritos.
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El senador Germán Varón Cotrino dijo que “para la elección del auditor se estableció que se haga de la manera que venía en la Constitución, es decir, por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia mientras se busca una fórmula que les quite esa función y que permita que sea por un concurso de méritos”.
El presidente del Congreso, Ernesto Macías, reconoció que los tiempos están apretados para que la Cámara apruebe en tercer y cuarto debate esta reforma.
“Los tiempos alcanzan, aspiramos que en la Cámara haga tránsito normal y según los tiempos que hay, si hay conciliación, debe estar por allá para el 14 de diciembre”, manifestó.
El acto legislativo también aumenta los requisitos y la experiencia (25 años) para ser magistrado de las altas cortes y prohíbe de manera tajante los comunicados de prensa para dar a conocer las sentencias judiciales.
El Gobierno Nacional anunció que insistirá en la propuesta de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, tras considerar que ese organismo ha sido ineficiente en el manejo administrativo de la rama.
