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En menos de 20 días, el Consejo de Estado tendrá que definir si declara la muerte política a la senadora electa Aida Merlano, cuya investidura fue demandada por supuestamente violar los topes de campaña en las pasadas elecciones legislativas.
“Lo que dice la ley es que por el tope máximo de las curulesse podría gastar un poco más de 800 millones de pesos, lo que demostró la Fiscalía es que se gastaron tres mil millones de pesos”, explicó el abogado Luis Alberto López, quien radicó la demanda de pérdida de investidura.
La acción judicial está basada en la investigación que adelantó la Fiscalía General por la presunta compra de votos que habría realizado la campaña de Merlano en Barraquilla.
El procurador cuarto delegado, Carlos Jose Holguín le manifestó a la Sala Plena del Consejo de Estado que la congresista incurrió en varias irregularidades, hecho por el cual se debe declarar la muerte política.
“Bien es sabido que la vulneración de los topes de gastos de campaña o la no presentación oportuna de dichos gastos se constituye en el elemento corruptor por excelencia de la campaña electoral y distorsiona el equilibrio de la competencia electoral”, puntualizó el delegado de la Procuraduría.
Igualmente también se le solicitó al máximo tribunal de lo contencioso administrativo que anule cada una de las resoluciones que declararon a Merlano como congresista para el periodo legislativo 2018- 2022.
La investigación se inició tras un allanamiento adelantado el CTI de la Fiscalía a la sede de campaña ubicada en Barranquilla. En el allanamiento se encontraron armas de fuego, 261 millones de pesos en efectivo y una bolsa con certificados electorales.
En contra de Merlano existe un testigo clave, que solicitó protección de la justicia, quien ha asegurado ante la Corte Suprema y a la Fiscalía que ella siempre estuvo enterada sobre la compra de votos para su elección.
