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Un juez de control de garantías ordenó enviar a prisión a cuatro hombres que trabajaban en una Institución Prestadora de Salud (IPS), señalados de agredir y torturar a pacientes con problemas de adicción y desórdenes en el comportamiento.
Los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a los pacientes; entre otras conductas contra la libertad, la integridad física y emocional, actos que, al parecer, ocurrían en la sede de esta entidad, ubicada en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con las investigaciones se estableció que las víctimas eran aisladas y sometidas a amenazas para que no reportaran lo ocurrido a los familiares.
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El director Seccional de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez, señaló que dicha institución “no contaba con personal calificado para tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas, objeto con el que había sido creada la IPS”.
Los hechos investigados ocurrieron en un inmueble ubicado en el occidente de Bogotá, donde fueron recuperadas 35 personas, dos de ellas menores de edad.
El fiscal Martínez indicó que entre los capturados se encontraban un ingeniero civil y entrenadores físicos, pero ninguno reunía las capacidades para atender las condiciones de las víctimas.
Así mismo, los agentes de Policía Judicial incautaron durante los operativos de captura un taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización.
La Fiscalía precisó que una denuncia interpuesta por una de las víctimas fue el punto de partida de la investigación, por el que también fue judicializada una mujer.
“La verificación de los hechos puestos en conocimiento permitió establecer que, con engaños a las familias, las personas eran internadas en contra de su voluntad. En muchas oportunidades habrían ingresado al inmueble dopadas o amarradas para que no se resistieran”, señaló la Fiscalía.
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También se estableció que “los trabajadores de la entidad suministraban medicamentos sin prescripción y no disponían de un dispensario o espacio de almacenamiento de los productos y tratamientos farmacéuticos para garantizar su conservación”.
Ante la gravedad de los hechos los fiscales imputaron cargos contra los detenidos por los delitos de tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado, amenazas y concierto para delinquir.
