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El Gobierno está construyendo las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), las áreas de concentración de grupos armados que buscan un acuerdo con el Estado —como el Clan del Golfo o la disidencia de las Farc Comandos de Frontera—, a espaldas de las víctimas del conflicto armado. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el Ministerio Público, pese a que el Ejecutivo insiste en delimitar las ZUT y suspender las órdenes de captura de los armados para su ubicación, en este momento “no hay acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Sin claridad sobre el rol de los afectados por las hostilidades, existen “riesgos de impunidad” y potenciales “escenarios de rearme o incumplimiento”. Además, incluso con las ZUT, es “virtualmente imposible” que el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista— o los Comandos se desarmen antes del 7 de agosto.
“Los grupos en procesos de paz se comprometieron a respetar la libertad en los procesos electorales”, narra la Defensoría, si bien “se ha evidenciado una brecha entre los anuncios públicos y la realidad”. Laz Zonas de Ubicación están previstas en territorios con confrontaciones activas, como Norte de Santander y Nariño.
En territorios como Tibú, donde el Gobierno dialoga con el Estado Mayor de los Bloques y el Frente —las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’—, o Roberto Payán —donde se negocia con el Ejército Bolivariano—, Belén de Bajirá y Unguía —terreno del Clan—, los procesos de paz omiten a las comunidades indígenas.
La Fiscalía frenó la suspensión de capturas de cabecillas del Clan del Golfo
La Defensoría del Pueblo instó a la Presidencia de la República a “motivar adecuadamente sus decisiones” y “mitigar” todo riesgo antes de ejecutar los traslados y las concentraciones en los ZUT. La construcción de paz exige decisiones “sometidas al Estado de derecho” y “garantías verificables para la población civil”.
El pronunciamiento de Iris Marín y el Ministerio Público llegó después de una semana de confrontaciones entre la administración de Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación, que le puso un freno clave al avance de la ‘Paz Total’, la política pública con la que el Ejecutivo trata de negociar con tantos grupos armados como sea posible.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió no suspender las órdenes de captura de veintinueve integrantes del Clan del Golfo que dialogan con el Gobierno. Aunque aceptó coordinar con el Gobierno el desplazamiento de los cabecillas a las ZUT, no revocará las órdenes de detención, al menos no antes del 25 de junio.
De acuerdo con la fecha que la Consejería Comisionada de Paz definió para el tránsito y la permanencia de los autodenominados gaitanistas en las ZUT, “es a partir de ese día, y no antes, que empiezan los efectos de la inmunidad” y de posibles pausas en las órdenes, precisó la Fiscalía en un comunicado el 12 de mayo.
La decisión llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal del alto tribunal, al mando de los magistrados Carlos Roberto Solórzano y Jorge Hernán Díaz, sesionó para estudiar la postura de la Fiscalía y el manejo que se les da a las solicitudes del Gobierno de levantar determinadas privaciones de la libertad.
La Corte Suprema respalda a la Fiscalía y vigila las extradiciones
El alto tribunal emitió un comunicado apoyando a la fiscal Camargo. La Sala Penal, y la Corte como corporación, "respaldan el criterio" de la jefa del ente acusador y "comparten los planteamientos que formuló" al condicionar el levantamiento de las órdenes de arresto a "información suficiente y verificable" sobre el diálogo con el Clan.
Lo que motivó a la Sala Penal a reunirse fue la presencia de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, en el listado de cabecillas que arribó a la Fiscalía. Ávila dirige desde 2021 el Clan del Golfo, la banda criminal heredera del paramilitarismo que aspira a someterse a la justicia negociando con el Gobierno.
Al mando de ‘Chiquito Malo’, el grupo ha alcanzado casi diez mil integrantes y delinque en al menos 296 municipios. El comisionado de paz, Otty Patiño, le pidió a la Fiscalía suspender la orden de captura de Ávila y de otros veintiocho alzados en armas con el pretexto del traslado a las Zonas de Ubicación en Chocó y Córdoba.
La jefa del ente investigador, Camargo, a través de la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026 contestó que todavía no hay pruebas suficientes de que la negociación con ellos esté avanzada. "Todas las medidas adoptadas" para implementar las ZUT deben "necesariamente" cumplir "los condicionamientos legales", añadió la Corte Suprema.
Antes del 25 de junio, el inicio de las ZUT —que irán hasta el 31 de diciembre—, la Fiscalía filtrará las identidades de los cabecillas, sus expedientes, las órdenes de captura en su contra, sus antecedentes judiciales y los pedidos de extradición. En ese último punto recayó en buena medida el interés de la Corte Suprema.
"Las autoridades son controlables”
En enero, la Sala de Casación Penal emitió un concepto favorable frente a la extradición de ‘Chiquito Malo’. Desde junio de 2022, una corte federal de Florida, en Estados Unidos, requiere al sucesor de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’. La justicia estadounidense condenó a Úsuga a 45 años de cárcel en 2023.
Sobre ‘Chiquito Malo’ pesan cargos de narcotráfico, por la producción y el envío de varios cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. El aval de la Corte Suprema para una extradición no implica que su envío a otro país sea obligatorio, pero pone de presente que existen argumentos para ejecutarla.
La Corte y la Sala Penal "llaman la atención sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado en materia de cooperación judicial", señalaron el 13 de mayo, en una misiva que firmaron el presidente del alto tribunal, Iván Lenis, y el de la Sala de Casación, Carlos Roberto Solórzano.
"En unidad de criterio con la Fiscalía General de la Nación", la Suprema permanecerá "atenta a la adecuada implementación" de los procesos de paz y de cualquier posible inmunidad. En la víspera, el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate —integrante de la Sala Penal—, celebró que la Fiscalía no suspendiera los arrestos.
Quintero expresó que la decisión "hace parte de la democracia", y añadió que "las autoridades son controlables". Si bien el comisionado de paz tiene derecho a solicitar la suspensión de las órdenes, “la Rama Judicial, representada en este caso por la fiscal general, tiene derecho a estudiar si es procedente”.
El Gobierno insiste en la ‘Paz Total’ mientras crecen las tensiones con la Rama Judicial
Levantar una orden de captura con fines de extradición, como la de Jobanis Ávila, “genera un problema complicado internacional”, explicó Quintero, porque cualquier persona sobre quien haya un concepto favorable, “está casi a disposición de la autoridad que lo está requiriendo”, pues el Gobierno no suele oponerse al trámite.
En todo caso, el presidente Gustavo Petro salió al paso de la solicitud de su comisionado de Paz, Otty Patiño. La lista de veintinueve cabecillas “no fue consultada con el presidente”, dijo en su cuenta de X —su canal de comunicación habitual—, donde añadió que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
Petro sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con la delegación que conversa con los gaitanistas. El mandatario ordenó elaborar una lista de cuatrocientos combatientes del Clan que, se prevé, se movilizarán a las Zonas de Ubicación Temporal, pero excluyendo a quienes tienen solicitudes activas de extradición en Estados Unidos.
“Solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinará si el proceso se declara en estado avanzado”, informó el jefe de Estado. Si el presidente decide librar a ‘Chiquito Malo’ de su envío a Norteamérica, “tiene que darnos las razones”, zanjó el magistrado Quintero.
El presidente, además, voceó en un discurso que "ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación, una orden del presidente de la República, en el tema de la paz", atacando a la fiscal Camargo. "Quieren coger como excusa los procesos de negociación para que me metan preso en Estados Unidos", afirmó sin pruebas.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué alertó la Defensoría del Pueblo sobre las Zonas de Ubicación Temporal de la ‘Paz Total’?
La Defensoría del Pueblo advirtió que el Gobierno avanza en la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) sin acuerdos claros sobre cómo garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Según el Ministerio Público, las negociaciones con grupos armados como el Clan del Golfo o los Comandos de Frontera podrían derivar en riesgos de impunidad y escenarios de rearme.
¿Por qué la Fiscalía frenó la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo?
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió no suspender las órdenes de captura de veintinueve integrantes del Clan del Golfo mientras no exista información “suficiente y verificable” sobre el avance real de los diálogos con el Gobierno. Aunque la Fiscalía aceptó coordinar el traslado de los cabecillas a las ZUT, sostuvo que cualquier inmunidad solo podría empezar a operar desde el 25 de junio.
¿Qué preocupación tiene la Corte Suprema frente a las ZUT y las extradiciones?
La Corte Suprema de Justicia respaldó la postura de la Fiscalía y puso especial atención en el caso de ‘Chiquito Malo’, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición en Estados Unidos por narcotráfico. El alto tribunal recordó que Colombia debe respetar sus compromisos internacionales en materia de cooperación judicial y advirtió que levantar órdenes de captura con fines de extradición puede generar tensiones diplomáticas y legales.
¿Cómo respondió el Gobierno Petro a las críticas y los obstáculos judiciales sobre la ‘Paz Total’?
El presidente Gustavo Petro tomó distancia de la lista de cabecillas que Otty Patiño envió a la Fiscalía y aseguró que los extraditables no deben participar en las primeras fases del proceso. Sin embargo, defendió la autoridad presidencial sobre las negociaciones de paz y cuestionó públicamente a la fiscal Camargo, mientras insistió en avanzar con el traslado de unos cuatrocientos miembros del Clan del Golfo a las Zonas de Ubicación Temporal.
