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Según el Veedor Anaya, "el pasado mes de febrero, la USPEC y el INPEC, firmaron un contrato por 35 mil millones de pesos con los nuevos operadores del servicio de vigilancia satelital para población reclusa en Colombia, pero con serias deficiencias tecnológicas, lo cual hace necesaria la intervención de la Veeduría Nacional", explica.
En ese sentido, añade que "el contrato se firmó con los mismos operadores de los últimos años, pero que como estos no cumplían las condiciones técnicas y presupuestales del acuerdo, subcontrataron el servicio con un tercero quien advierte incumplimientos económicos por parte del INPEC y de la USPEC, amenazando con dejar fuera de servicio 3.300 dispositivos electrónicos, el próximo 15 de julio, por los problemas con dichas entidades" dijo.
Ante la situación, el Veedor Nacional Henry Anaya sostendrá una reunión con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, en la cual también están convocados el director del INPEC, General Luis Ramírez, y la directora de la USPEC, a fin de que expliquen lo ocurrido.
De la misma forma, Henry Anaya solicitó la intervención urgente del ministro de Justicia Enrique Gil Botero, a fin de que esa cartera vigile los contratos suscritos por la USPEC, y que se relacionan con los servicios penitenciarios del país.
