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Luego de entrar en vigencia la nueva reforma a la justicia contemplada en la (Ley 2477 de 2025), la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para resolver el recurso de apelación contra la medida de aseguramiento y la orden de captura dictada al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de corrupción en la UNGRD.
La Corte Suprema de Justicia devolvió este recurso a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que sea un magistrado quien resuelva el recurso interpuesto por la defensa del hoy imputado por su presunta participación en el saqueo de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Esta ley señala que: "En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Los autos proferidos en ejercicio de esta función serán susceptibles del recurso de apelación ante la Sala que le sigue en turno del mismo tribunal".
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Esta nueva ley fue promovida por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación la cual fue llevada a trámite ante el Congreso de la República y tuvo un respaldo por las mayorías. En este sentido, según la cartera de Justicia, la ley responde a la necesidad de: "ofrecer respuestas más oportunas a quienes acuden al sistema judicial, combatir la congestión que limita su efectividad y garantizar los derechos y la reparación integral de las víctimas".
Recordemos que tras la decisión del juez penal ante el Tribunal Superior de Bogotá, Leonel Rogeles Moreno de imponer esta medida contra Carlos Ramón González, la defensa, Iván Cancino, pidió de inmediato ante el mismo Tribunal revocar dicha medida y permitir que su cliente se pueda defender en libertad.
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Según la fiscalía, Carlos Ramón González, presuntamente habría ordenado en el año 2023 al entonces director de la UNGRD, Olmedo López entregar millonarias dádivas a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Carlos Ramón González fue imputado por la fiscalía por los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos.
